Se centra en el vínculo entre Cristina y Báez, para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero.
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La Corte Suprema le dio una mala noticia a Cristina Kirchner en un tramo conexo de la causa de la Ruta del Dinero K: avaló que la ex presidenta siga bajo investigación. La novedad se conoció a la par que el máximo tribunal dejó firme la condena contra Lázaro Báez en el expediente principal de la Ruta del Dinero K, caso en el que el empresario fue encontrado culpable de haber lavado 55 millones de dólares entre los años 2010 y 2013.
Cristina Kirchner había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello, pero el expediente fue reabierto por orden de la Cámara Federal porteña durante el 2024. El máximo tribunal ahora rechazó los planteos de la ex vicepresidenta que tenían como finalidad que la dejen de investigar en el marco de esta causa.
En este caso conexo, que continúa en instrucción y en el juzgado de Casanello, se busca determinar si la ex vicepresidenta cumplió algún papel en las operaciones de lavado de dinero que encabezó Lázaro Báez con su firma Austral Construcciones, el caso por el que este jueves la Corte confirmó la condena del empresario.
Después de aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, los jueces de la Cámara Federal porteña, avalaron el reclamo central de la ONG: Cristina Kirchner no debía ser excluida de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. En ese momento, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -con la disidencia de su colega Eduardo Farah- ordenaron la reapertura de la investigación que volvió a manos de Casanello.
Ante este escenario, en octubre pasado el fiscal Guillermo Marijuan volvió a intervenir, y reiteró su criterio: dijo que no hay elementos de prueba suficientes para incriminar a la expresidenta y exsocia comercial de Lázaro Báez, quien ya fue condenado a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares con su empresa Austral Construcciones, la misma que, según se estableció en el caso Vialidad, se vio beneficiada con 51 contratos viales adjudicados de forma irregular.
Hay que recordar que más allá de la enumeración de argumentos bajo los cuales el fiscal afirma no haber podido probar la participación de Cristina Kirchner en «esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero», Marijuan había sumado un inédito trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) en el que se analizaron las líneas telefónicas asignadas a la vice entre 2010 y 2013 y el cruce de las mismas con las de Báez arrojó un total de 372 comunicaciones en poco más de dos años.
Ante este escenario en el que se reabrió el expediente, Cristina Kirchner llegó ante la Corte Suprema con recursos de queja que tenían como objetivo principal declarar la nulidad de esa medida que volvió a colocarla bajo investigación.
Por unanimidad, los ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, entendieron que los planteos eran inadmisibles, ya que no se dirigían «contra una sentencia definitiva o equiparable a tal».
De esta manera, la ex jefa de Estado que no formó parte del juicio de la Ruta del Dinero K, continuará siendo investigada.
La ex socia de Lázaro, bajo la lupa
Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo entre Cristina y Báez, «para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero». Nade de lo investigado, opinó Marijuan, es suficiente para acusar a la ex vice.
Recientemente, la Cámara ordenó otra medida: la incorporación como prueba de una escucha telefónica de Lázaro Báez. Se trata de una conversación que mantuvo con su entonces abogada, Elizabeth Gazaro mientras estaba preso en 2019.
En esa conversación el empresario patagónico, admite que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”.
Durante la misma charla, Báez afirmó: “Y cometí errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores”. Y precisa que esa persona le había recomendado invertir la plata en “ladrillos”.
Según se determinó en este caso, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) lavó 55 millones de dólares. Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada.
Esas maniobras le permitieron desde 2010 a 2013, adquirir 1.420 bienes muebles e inmuebles, que en el año 2016 fueron tasados bajo el valor de 205 millones de dólares. En el expediente se determinó que las operaciones blanqueo permitieron un incremento patrimonial de Lázaro Báez del 12.127 %. Mientras que el de Austral Construcciones, fue del 5.313%.
Uno de los interrogantes en este tramo que permanece en instrucción, es si toda esa fortuna tenía como único y beneficiario final al dueño de Austral Construcciones o si procedió como prestanombre de la ex presidenta.
La ruta de los fondos
Cuando confirmó la condena por blanqueo en la ruta del Dinero K, la Casación Federal constató que todos los acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, «por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos».
Este circuito tuvo como objetivo «cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita». Esto se logró a través del mecanismo llamado de “cable” o “compensación”. Así lograron expatriaron grandes sumas dinerarias.
Para esta operación fue indispensable utilizar los servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, lo que permitía la compensación de «montos dinerarios de quienes pretendían transferir divisas hacia el exterior y de quienes querían repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes».
La estructura montada para las operaciones de blanqueo, quedó confirmada este jueves por la Corte Suprema de Justicia.
Este año, en una serie de medidas impulsadas por el juez Sebastián Casanello se pidió información pericial que involucra la “maniobra de bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013”.
Otro de los aspectos que busca analizar el magistrado refiere al “depósito de los cheques emitidos por la sociedad de bolsa producto de la venta de bonos de Helvetic Services Group con dinero que estaba en Suiza hasta fines de 2016, cuando Austral entró en quiebra”.
¿Por qué se pidió esto? Parte del entramado de lavado pasó por la financiera SGI -la «Rosadita»- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Lázaro contaban cinco millones de dólares.
La condena ahora de cumplimiento efectivo, sostiene: «se probó que el dinero así depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon».
Finalmente el dinero se reunió en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública que posteriormente «fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones».
Fuente: Clarin
