El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó una batería de medidas para profundizar la investigación sobre su patrimonio.
La decisión judicial se basa en una denuncia que señala un crecimiento patrimonial considerado desproporcionado en relación con los ingresos declarados por el funcionario durante su desempeño en la función pública.
Investigación por incremento patrimonial
Según el escrito presentado por la fiscalía, se detectó una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”.
En ese documento, Adorni habría declarado únicamente dos propiedades. Sin embargo, la denuncia sostiene que existirían otros bienes adquiridos con fondos cuyo origen no está debidamente aclarado.
Entre ellos se menciona una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que no figuraría en su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI).
El fiscal también menciona “severas discrepancias entre las declaraciones juradas” y la posible omisión de activos financieros o depósitos en el exterior.
Propiedades y origen de los fondos
En el expediente se señala que algunos fondos incorporados al patrimonio habrían sido justificados mediante préstamos familiares, lo que forma parte de los aspectos que la investigación busca verificar.
Uno de los puntos destacados en la denuncia es que el patrimonio del funcionario habría aumentado un 500% en un único período fiscal, además de registrarse declaraciones de dinero en efectivo en dólares y pesos y un nivel significativo de endeudamiento.
Respecto de la propiedad mencionada en el country Indio Cuá, la denuncia indica que el valor promedio de las viviendas ronda los 149.875 dólares, con precios que pueden variar entre 129.000 y 249.000 dólares según la superficie y ubicación del lote.
A ese monto se suma una cuota de ingreso cercana a los 5 millones de pesos, además de expensas mensuales que incluyen el uso de instalaciones deportivas del predio.
Doce medidas de prueba solicitadas
Para avanzar con la causa, el fiscal Pollicita pidió doce medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.
Entre los requerimientos se encuentran informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de verificar:
- Titularidad de bienes inmuebles
- Registro de vehículos
- Movimientos financieros
- Posibles participaciones societarias
El fiscal impulsó la acción penal al considerar que existen elementos suficientes para profundizar la investigación, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
Según el planteo judicial, la presentación sostiene que el funcionario habría incrementado su patrimonio de forma desproporcionada respecto de sus ingresos como funcionario público.
