La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito incorporó este miércoles nuevos testimonios vinculados a los alquileres que realizó en el country Indio Cuá.
Según trascendió de fuentes judiciales, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, propietario de una de las viviendas ocupadas por el funcionario. Durante su exposición, el testigo aportó información sobre nuevos pagos y acuerdos realizados entre ambas partes.
Nuevos pagos y extensión del alquiler
De acuerdo con la declaración testimonial, Adorni había alquilado una propiedad dentro del barrio privado mientras avanzaban las remodelaciones de una vivienda adquirida en la misma zona.
La Justicia ya tenía registrado un pago de 13.000 dólares por el alquiler inicial del inmueble. Sin embargo, Rodríguez aseguró que el acuerdo se extendió de manera verbal durante tres meses más debido a demoras en la obra que ejecutaba el contratista Matías Tabar.
Por ese período adicional, el funcionario habría abonado otros 2.400 dólares, también en efectivo y en moneda extranjera.
Un alquiler previo antes de asumir funciones nacionales
El propietario también indicó que no fue la primera vez que le alquiló la vivienda a Adorni. Según relató, ambas partes habían firmado previamente un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia.
Durante el verano de 2024, ya en funciones como vocero presidencial, Adorni volvió a hospedarse en la propiedad ubicada en Indio Cuá junto a su familia.
Ese alquiler temporal habría tenido un costo de 5.600 dólares, cifra que también habría sido abonada en efectivo.
La causa continúa bajo investigación
La investigación judicial busca determinar el origen y la declaración patrimonial de distintos movimientos económicos vinculados al funcionario nacional.
En paralelo, la Justicia aún intenta acceder al contenido del celular del contratista mencionado en la causa, una medida considerada relevante para el avance del expediente.
Las nuevas declaraciones podrían aportar información clave sobre contratos, pagos y movimientos económicos realizados en el marco de la investigación judicial.
