La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones indagatorias de cuatro empleados acusados de ocultar y destruir pruebas durante los allanamientos realizados en diciembre de 2025.
El magistrado a cargo del expediente, Luis Armella, notificó a los imputados sobre la posibilidad de acogerse al régimen previsto en la Ley 27.304 (artículo 41 ter del Código Penal), conocido como “ley del imputado colaborador”, que contempla una reducción de pena a cambio de información relevante, precisa y comprobable para esclarecer delitos complejos.
Los acusados continúan detenidos y, según consta en el expediente, manifestaron que evaluarán la propuesta junto a sus abogados.
Investigación por lavado y evasión
La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión superior a 3.327 millones de pesos. El expediente analiza supuestas maniobras de lavado de activos de origen ilícito, en el marco de operaciones atribuidas a la financiera vinculada al empresario Ariel Vallejo.
Para la Justicia, los empleados habrían tenido un rol activo en el presunto encubrimiento, coordinando acciones para ocultar dispositivos electrónicos, borrar información sensible y retirar equipos informáticos ante la inminencia de los allanamientos.
En la resolución judicial se advirtió además sobre riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio, en función del poder económico y la estructura empresarial investigada.
Las declaraciones y los chats incorporados al expediente
Entre los imputados figuran:
- Juan Miguel Soler (área informática)
- César Zapaia (oficial de cumplimiento)
- Daniela Sánchez (secretaria privada del empresario)
- Rolando Soloaga (jefe de seguridad)
Según el análisis forense de teléfonos secuestrados, se detectaron conversaciones en las que se habrían impartido órdenes para “borrar” información, “limpiar” computadoras y desconectar programas.
Uno de los imputados reconoció haber ocultado dispositivos y entregado equipos en desuso durante el operativo. Otros optaron por guardar silencio o declarar parcialmente.
La documentación incorporada incluye mensajes enviados en la madrugada del 1 de diciembre de 2025, fecha en la que comenzaron los primeros allanamientos.
Secuestro de dispositivos y documentación
Durante los 14 allanamientos ordenados por el juzgado federal de Lomas de Zamora se incautaron:
- Teléfonos celulares y notebooks
- Discos externos y pendrives
- DVRs de cámaras de seguridad
- CPUs y servidores
- Documentación contable
- Dinero en efectivo en distintas monedas
También se intervinieron contratos de alquiler y registros vinculados a empresas presuntamente relacionadas con la operatoria investigada.
Vínculos bajo análisis
El expediente menciona conexiones con el entorno del fútbol argentino y referencias a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Por el momento, la causa continúa en etapa de instrucción y el juez evalúa el nuevo material probatorio incorporado tras los allanamientos.
Mientras avanzan las pericias contables e informáticas, los investigadores aguardan la definición de los imputados respecto a la figura de colaborador, una decisión que podría impactar en la evolución del proceso judicial.
