Media sanción para una ley clave en la reforma institucional
La nueva legislación establece las reglas institucionales que regirán el funcionamiento de los municipios y marca el inicio del proceso de autonomía municipal previsto en la reforma constitucional aprobada en la provincia.
- Media sanción para una ley clave en la reforma institucional
- Cartas orgánicas para ciudades de más de 10 mil habitantes
- Cómo funcionarán los gobiernos municipales
- Nuevas competencias para los municipios
- Participación ciudadana y control de gestión
- Reglas financieras y transición de gobierno
- Próximo paso: debate en Diputados
El proyecto fue aprobado con el respaldo de todos los bloques del Senado, tras un proceso de negociación entre el oficialismo del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y legisladores del Partido Justicialista.
La iniciativa reemplazará a la histórica ley de municipios y comunas vigente desde hace décadas y funcionará como marco normativo mientras las ciudades elaboran sus propias cartas orgánicas, consideradas como pequeñas constituciones locales.
Cartas orgánicas para ciudades de más de 10 mil habitantes
Uno de los puntos centrales de la norma es que las ciudades con más de 10 mil habitantes podrán redactar sus cartas orgánicas municipales, documentos que permitirán definir su organización institucional, atribuciones y funcionamiento.
Mientras tanto, la ley provincial funcionará como norma general o supletoria, aplicándose en los casos en que los municipios no cuenten con ese instrumento.
Cómo funcionarán los gobiernos municipales
El proyecto aprobado por el Senado establece distintos aspectos sobre la organización de los gobiernos locales.
El Departamento Ejecutivo estará encabezado por un intendente elegido por voto directo, con mandato de cuatro años y posibilidad de una sola reelección consecutiva. La ley no crea la figura de viceintendente, por lo que su existencia dependerá de lo que establezcan las futuras cartas orgánicas.
En cuanto a los concejos municipales, la cantidad de concejales se definirá según la población de cada ciudad. En localidades con más de 150 mil habitantes se sumarán dos ediles por cada 100 mil habitantes adicionales.
Además, los concejales tendrán mandatos de cuatro años y, en municipios de más de 20 mil habitantes, los concejos se renovarán por mitades cada dos años.
Nuevas competencias para los municipios
La ley reconoce a los gobiernos locales diversas funciones en áreas clave de gestión pública.
Entre ellas se destacan la planificación urbana, la protección ambiental, el desarrollo productivo, la defensa del consumidor, la promoción de la salud y las políticas de convivencia ciudadana.
Sin embargo, el texto aclara que la seguridad pública seguirá siendo una responsabilidad exclusiva del gobierno provincial, aunque los municipios podrán realizar acciones de prevención social del delito y tareas de monitoreo.
Participación ciudadana y control de gestión
Otro aspecto importante del proyecto es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. Entre ellos se incluyen herramientas como la iniciativa popular, el referéndum vinculante, la consulta popular, la revocatoria de mandato y las audiencias públicas.
La norma también establece obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y sistemas de control externo sobre la administración municipal.
Reglas financieras y transición de gobierno
El proyecto fija principios de responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para la administración financiera de los municipios.
También incorpora reglas para las contrataciones públicas, límites al endeudamiento y la creación de una mesa de transición entre autoridades salientes y entrantes, con el objetivo de garantizar un traspaso ordenado de la gestión.
Próximo paso: debate en Diputados
Tras la media sanción en el Senado, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se espera su tratamiento el 8 de abril.
Si obtiene la aprobación definitiva, la provincia de Santa Fe dará un paso histórico hacia la autonomía municipal, estableciendo un nuevo marco institucional para el funcionamiento de sus ciudades.
