Uno de los momentos clave fue el decreto firmado el 6 de octubre de 1975 por el presidente interino Ítalo Luder, que otorgó a las Fuerzas Armadas amplias facultades para intervenir en la seguridad interna. A partir de ese momento se desarrolló un entramado de directivas y protocolos que redefinieron el uso de la violencia estatal y sentaron las bases del sistema represivo que se desplegaría durante la dictadura.
El decreto que amplió el poder de las Fuerzas Armadas
El decreto 2770/75 autorizó a las Fuerzas Armadas “a ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio nacional”.
En la práctica, la norma significó trasladar la conducción de la represión interna a la cúpula militar, en un contexto marcado por el conflicto político y la escalada de violencia en el país.
En los meses siguientes se emitieron nuevas directivas y reglamentos. Aunque públicamente las Fuerzas Armadas declaraban “prescindencia política” y “fidelidad al orden constitucional”, internamente se desarrollaban planes operativos para combatir a las organizaciones armadas.
Una de las primeras directivas militares estableció zonas prioritarias de intervención, entre ellas Tucumán, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe.
Cambios en el reglamento militar y el uso de la violencia
Durante octubre de 1975 también se modificó el Reglamento Militar. El documento planteaba la necesidad de aplicar “el poder de combate con la máxima violencia” contra los considerados enemigos internos.
Según el texto, la acción militar debía ser “violenta y sangrienta”, y en determinadas operaciones se indicaba que las fuerzas no debían interrumpir el combate ni aceptar rendiciones.
El reglamento también establecía que los sospechosos no tendrían el estatus legal de prisioneros de guerra, lo que buscaba evitar eventuales reclamos basados en la Convención de Ginebra.
El surgimiento de los centros clandestinos de detención
Las modificaciones normativas también contemplaron la creación de los llamados “LRD” o “lugares de reunión de detenidos”, espacios donde serían trasladadas personas arrestadas por informes de inteligencia.
En estos sitios los detenidos podían ser interrogados sin acceso a defensa legal, una práctica que luego se expandiría durante la dictadura.
Los centros clandestinos ya tenían antecedentes en el Operativo Independencia, iniciado en Tucumán en febrero de 1975. Con el avance del plan represivo comenzaron a instalarse dentro de guarniciones militares y dependencias de seguridad.
Entre los más conocidos se encontraban:
- La Perla, en Córdoba
- La Ribera, también en esa provincia
- La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires
Durante el gobierno de Isabel Perón existían al menos seis centros clandestinos en funcionamiento. En 1976 el número creció de forma considerable y, tras investigaciones judiciales posteriores, se identificaron más de 800 centros clandestinos en todo el país.
El plan operativo de la Armada
La Armada elaboró su propio protocolo contra la subversión en noviembre de 1975, conocido como Plan de Capacidades Internas (Placintara).
El documento definía etapas defensivas y ofensivas para neutralizar a los considerados opositores. Las operaciones incluían patrullas de allanamiento compuestas por alrededor de 15 efectivos.
El plan indicaba que los sospechosos debían abandonar su vivienda con las manos en alto durante los operativos. En caso de no cumplir la orden, se autorizaba el uso de fuego para impedir la fuga.
También preveía la creación de “guardias transitorias”, lugares donde los detenidos permanecerían hasta que se decidiera su destino.
Inteligencia militar y el rol del Batallón 601
Uno de los ejes centrales del sistema represivo fue la inteligencia militar. En ese esquema tuvo un papel clave el Batallón de Inteligencia 601, dependiente del Ejército.
Desde su sede en la ciudad de Buenos Aires, el organismo coordinaba una red informativa que integraba servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la SIDE.
Sus agentes realizaban tareas de infiltración en:
- fábricas
- universidades
- sindicatos
- ámbitos culturales y sociales
La información recolectada era analizada y enviada a los comandos militares responsables de cada zona, donde se decidía el destino de los detenidos.
El “Día D”: el inicio del golpe de Estado
A comienzos de 1976 los planes operativos ya estaban definidos. En febrero de ese año el Ejército dispuso que los detenidos quedarían incomunicados y bajo control de la Junta de Comandantes, sin acceso a instancias judiciales.
Finalmente, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron la dictadura militar.
Desde ese mismo día comenzaron los secuestros y detenciones clandestinas. La estructura represiva diseñada durante los meses previos entró en funcionamiento, dando inicio a uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
