La Casa Blanca comunicó formalmente al Congreso de Estados Unidos que considera concluidas las hostilidades militares con Irán, una decisión que le permite evitar la solicitud de una nueva autorización legislativa para continuar el conflicto.
El presidente Donald Trump envió una carta a los líderes parlamentarios justo antes de cumplirse el plazo legal de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. En el documento, afirmó que “las hostilidades han cesado” tras el cese al fuego vigente desde comienzos de abril.
Alcance de la decisión oficial
Según la administración, no se registran enfrentamientos armados desde el 7 de abril de 2026, lo que justificaría que el límite legal ya no resulte aplicable. Esta interpretación fue respaldada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo que el cese al fuego implica una pausa en el conteo del plazo.
Sin embargo, especialistas en derecho y legisladores señalaron que la normativa no contempla la posibilidad de “detener el reloj”, lo que generó nuevas tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Debate político y legal en el Congreso
Referentes del Partido Demócrata cuestionaron la postura oficial. El senador Tim Kaine afirmó que la interpretación de la Casa Blanca no tiene sustento en la ley, mientras que Richard Blumenthal advirtió que “no existe un botón de pausa en la Constitución”.
En paralelo, algunos legisladores republicanos también expresaron inquietud por la falta de intervención del Congreso. La senadora Susan Collins sostuvo que el plazo legal “no es una sugerencia, es un requisito”, marcando una postura crítica dentro de su propio partido.
Contexto militar y tensiones persistentes
A pesar de la declaración oficial, el escenario en Medio Oriente mantiene elementos de tensión. Estados Unidos continúa con un bloqueo naval activo, mientras Irán conserva el control estratégico del estrecho de Ormuz.
En su carta, Trump reconoció que la amenaza iraní “sigue siendo significativa”, aunque remarcó que las operaciones buscan garantizar “una paz duradera”.
Postura del Ejecutivo sobre la ley
El mandatario descartó solicitar autorización legislativa y cuestionó directamente la normativa vigente. Según expresó, la ley es “totalmente inconstitucional”, una postura que ya fue sostenida por administraciones anteriores.
La decisión de la Casa Blanca reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en materia militar y el rol del Congreso en la autorización de conflictos armados.
