El Gobierno nacional prepara modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 para intentar acercar posiciones con los bloques aliados en el Congreso y con los sectores vinculados a Discapacidad y Universidades.
La estrategia oficial contempla revisar las partidas destinadas a ambos sectores, aunque desde la Casa Rosada sostienen que cualquier cambio deberá realizarse sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal.
La discusión cobró relevancia luego de que distintos sectores aliados cuestionaran algunos de los artículos incluidos en el proyecto enviado al Congreso. Entre ellos aparecen el PRO, la UCR y otras bancadas que serán clave durante el tratamiento legislativo.
Discapacidad: buscan modificar el esquema vigente
En materia de Discapacidad, el Gobierno pretende retomar las conversaciones que se habían iniciado antes de la presentación del Presupuesto 2027.
La alternativa que analiza el Ejecutivo consiste en no extender durante 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y, en su lugar, avanzar con un refuerzo de partidas y modificaciones al régimen permanente.
La Ley 27.793 estableció la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderla por un año. La normativa también incorporó nuevas pensiones, compensaciones para prestadores y cambios en el sistema de prestaciones.
Uno de los principales puntos de discusión es el nomenclador de prestaciones. El régimen actual establece valores comunes para los distintos financiadores y contempla actualizaciones periódicas. El proyecto de Presupuesto, en cambio, plantea modificar ese mecanismo y establecer un esquema basado en un valor mínimo.
El cambio generó cuestionamientos entre sectores aliados y quedó bajo revisión dentro del oficialismo. Ahora, los diputados de La Libertad Avanza buscan retomar las conversaciones para definir qué modificaciones podrían incorporarse al texto definitivo.
El reclamo de los prestadores
Otro eje de la negociación está relacionado con las compensaciones reclamadas por los prestadores debido al atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
El Gobierno habilitó durante este año un mecanismo para que los prestadores puedan presentar las solicitudes correspondientes. A su vez, la Secretaría Nacional de Discapacidad continúa actualizando mensualmente el nomenclador.
En septiembre, la actualización fue del 1,7%, calculada sobre el IPC de agosto. También se mantuvo el adicional del 20% correspondiente a la región patagónica.
Universidades: buscan ampliar las partidas
La negociación con las universidades tendrá otra dinámica. El Gobierno analiza incrementar los recursos previstos originalmente para funcionamiento, inversión y programas especiales.
El proyecto enviado al Congreso contempla unos $7,349 billones para esas partidas, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima necesidades cercanas a los $11 billones.
La diferencia ronda los $3,65 billones y será uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario.
El Ejecutivo no contempla aceptar automáticamente el monto reclamado por el CIN, pero sí analiza elevar la cifra incluida en el proyecto para alcanzar un punto de acuerdo.
La discusión también continúa en la Justicia
El financiamiento universitario tiene además un componente judicial. La Ley 27.795 estableció mecanismos de recomposición salarial y actualización del financiamiento, mientras que el Gobierno y las universidades mantienen diferencias sobre su aplicación.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras instituciones, sostiene que el Presupuesto enviado al Congreso no contempla el cumplimiento integral de la normativa ni de las decisiones judiciales vinculadas al reclamo.
Desde el Gobierno consideran que un eventual acuerdo presupuestario podría modificar el escenario que dio origen a las medidas cautelares. Sin embargo, cualquier modificación de esas decisiones deberá resolverse dentro de los respectivos expedientes judiciales.
Una negociación clave en Diputados
El Presupuesto 2027 será así el escenario central para intentar encauzar dos conflictos que tienen características diferentes.
En Discapacidad, el Gobierno busca avanzar hacia un nuevo esquema de financiamiento sin extender la emergencia. En Universidades, analiza aumentar las partidas para acercarse a los reclamos del sector y reducir las diferencias que también se discuten en la Justicia.
Por el momento, los montos definitivos y las modificaciones que aceptará el Ejecutivo todavía no están definidos. La negociación con los bloques aliados y los sectores involucrados continuará durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
