Trece efectivos de la policía rosarina y cuatro civiles ligados a una estación de servicios cercana a la Jefatura serán imputados este martes en el marco de una investigación por malversación de recursos en la carga de combustible de los patrulleros. Los implicados por fraude habían sido detenidos el lunes de la semana pasada en 36 allanamientos ordenados por el fiscal Luis María Caterina. La pesquisa que motivó la intervención de la Unidad Regional II y la remoción de su titular, Daniel Acosta, quien no se encuentra entre los sospechados.
Entre los acusados que llegarán este martes a la sala de audiencias número 7 del Centro de Justicia Penal figuran jefes y subjefes de distintas áreas de la Jefatura. En la jornada de este martes está previsto que, en un horario estimado entre las 8 y las 13, el fiscal formule la imputación a los implicados por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Luego la audiencia se desdoblará hasta el miércoles, cuando será el turno de los abogados defensores designados por los detenidos. El trámite será presidido por el juez Gustavo Pérez de Urrechu. Según la extensión del debate entre las partes —ya sea acerca de los hechos o sobre eventuales pedidos de medidas cautelares—, no se descarta que se extienda otra jornada.
La causa se abrió en julio de 2024 a partir de una denuncia sobre facturas falsas de estaciones de servicio. Las compras con el sistema Visa Flota eran por un valor superior a la cantidad de combustible que cargaban los uniformados. El gobierno provincial calcula que esta red generó un perjuicio económico de 45 millones de pesos mensuales.
Entre los jefes y subjefes implicados se encuentran el subcomisario Fabián Darío F., jefe de Perros y Caballería; el comisario inspector Rodrigo Sebastián D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el comisario supervisor Gerardo R., jefe de Garaje de distribución de combustible de la URII.
También serán imputados el subinspector Javier Norberto A., del Cuerpo Guardia de Infantería; el subinspector del Comando Radioeléctrico Sergio Darío L.; el comisario Juan P. de la Brigada de Orden Urbano, el inspector Juan Alberto V. de la Brigada Motorizada; el subinspector Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; la empleada Nancy P. , de la División Personal; Gustavo Adrián B., de la División Logística, y el inspector Franco C. de la Policía de Investigaciones. A ellos se suman los uniformados Jorge Antonio D. y Mario Rodrigo B.
Los cuatro civiles citados a audiencia están vinculados a la empresa Gas Auto Tiferno, a raíz de las maniobras realizadas en la estación de servicios Puma de Ovidio Lagos al 3900. Un comercio actualmente clausurado y ubicado a poco más de diez cuadras de la Jefatura. Se trata de Mónica B., Daniel Alberto R., María Fernanda D.F. y Oscar Artemio C.
La investigación de la Fiscalía de Violencia Institucional comenzó hace diez meses a partir de una denuncia anónima que fue remitida por correo postal al fiscal Caterina. Según los detalles que trascendieron, las maniobras consistían en presentar sobrefacturación: se realizaban pagos por encima de los gastos de combustible que efectivamente se cargaban en los patrulleros. Así se generaba un sobrante a compartir con algunos comercios cómplices.
En este caso en lugar de que cada responsable de un móvil policial cargara el combustible necesario para circular, los encargados de administrar este aspecto de la logística concentraban varias de las tarjetas Visa Flota y realizaban los pagos en el posnet de al menos una estación de servicios por montos superiores a lo cargado.
Tres de los efectivos que habían sido detenidos durante los operativos fueron liberados el fin de semana tras un análisis de la evidencia. Se trata de Francisco T., quien forma parte del Cuerpo Guardia de Infantería, y Ramón S., con el mismo rango, del Comando Radioeléctrico, y la subjefa de Talleres Mecánicos Tarragona, Davina P. Según indicaron fuentes de la Fiscalía se evaluará su situación y si son llevados o no a audiencia en estado de libertad.
Fuente: La Capital
