La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmando su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentado por la ex mandataria y sostuvo que «el debido proceso ha sido salvaguardado» y que «la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley».
Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, desestimando el recurso del Ministerio Público por considerarlo «inadmisible» según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Según el fallo, «las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida», y se remarcó que Cristina Kirchner «relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares». La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de $84.835 millones, al considerar probado un esquema que favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.
La defensa de la ex presidenta planteó numerosos cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte concluyó que esos planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.
En sus fundamentos, la Corte rechazó los argumentos sobre supuesta parcialidad de los jueces y consideró que las críticas de la defensa fueron una «reedición» de argumentos ya descartados por instancias inferiores. «No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto», señalaron los ministros.
La decisión de la Corte agota las vías ordinarias de apelación, dejando firme una condena histórica que sella un capítulo central en la relación entre el poder político y la Justicia en la Argentina.
La causa vialidad
Es un proceso judicial que investigó irregularidades en la asignación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Este caso, que culminó con la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ha sido uno de los más resonantes en la historia política reciente del país.
La “causa Vialidad”, como se popularizó, se centra en el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner y propietario de Austral Construcciones.
Según la investigación, se adjudicaron de manera irregular 51 obras viales por más de 46 mil millones de pesos, con licitaciones manipuladas, sobreprecios, falta de controles y pagos por trabajos inconclusos o no realizados. La acusación sostiene que se montó una organización criminal desde el Poder Ejecutivo Nacional, liderada por Cristina Fernández, para desviar fondos públicos en beneficio de Báez.
El caso comenzó con una denuncia de Elisa Carrió en 2008, pero tomó impulso en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo la gestión de Javier Iguacel, que reveló irregularidades en la asignación de obras en Santa Cruz. La investigación determinó que el 80% de las obras viales en la provincia fueron adjudicadas a empresas de Báez, particularmente Austral Construcciones, en condiciones preferenciales.
¿Quiénes están involucrados?
Además de Cristina Fernández de Kirchner, condenada como autora de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, otros implicados incluyen:
• Lázaro Báez, empresario y dueño de Austral Construcciones, condenado a seis años de prisión como partícipe necesario.
• José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas, condenado a seis años.
• Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, condenado a seis años.
• Juan Carlos Villafañe, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, condenado a cinco años.
• Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, exfuncionarios de Vialidad, con penas de entre 3,5 y 4,5 años.
• Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, y Héctor Garro, expresidente de Vialidad Provincial, fueron absueltos.
• Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner, fue sobreseído por prescripción.
La fiscalía, liderada por Diego Luciani y Sergio Mola, acusó a Fernández de Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita, aunque el Tribunal Oral absolvió a los acusados de este delito, condenándolos solo por administración fraudulenta.
El proceso judicial: Juzgado por juzgado
• Inicio de la investigación (2008-2016):
• La denuncia inicial de Elisa Carrió en 2008 apuntó a irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. El caso quedó en el juzgado federal de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
• En 2016, Javier Iguacel, entonces titular de la DNV, presentó una denuncia basada en una auditoría que detallaba la concentración de obras en empresas de Báez. Los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron la investigación, conectándola con la denuncia de 2008.
• En diciembre de 2016, Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta, con un embargo de 10.000 millones de pesos. Este fallo fue confirmado en 2017 por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero de la Cámara Federal.
• Juicio oral (2019-2022):
• El juicio comenzó en mayo de 2019 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, con Adriana Palliotti como jueza sustituta.
• En agosto de 2022, el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para Fernández de Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita y administración fraudulenta.
• El 6 de diciembre de 2022, el tribunal condenó a Fernández a seis años de prisión por administración fraudulenta, absolviéndola del cargo de asociación ilícita, y ordenó el decomiso de 84.835 millones de pesos.
• Apelación en Casación (2024):
• La defensa de Fernández apeló el fallo, pero en noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, confirmó la condena de seis años e inhabilitación perpetua. Hornos, en minoría, abogó por incluir el delito de asociación ilícita.
• La defensa intentó recusar al juez Hornos por supuestos vínculos con Mauricio Macri, pero la recusación fue rechazada.
• Corte Suprema (2025):
• Actualmente, la Corte Suprema de Justicia, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, analiza recursos de queja presentados por Fernández y otros condenados. En junio 2025, la Corte rechazó una recusación contra Lorenzetti, allanando el camino para una posible sentencia definitiva.
Detalles de las obras de Austral Construcciones
La auditoría de la DNV en 2016 reveló que Austral Construcciones, junto con otras empresas de Báez (como Kank y Costilla), recibió el 78,4% del monto total de las obras viales licitadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. De las 88 obras públicas licitadas en ese período, 51 fueron adjudicadas a Báez, pero solo cinco fueron peritadas en el juicio.
Las irregularidades incluyen:
• Licitaciones manipuladas: Los procesos licitatorios, mayormente gestionados por la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), favorecieron a Austral Construcciones con condiciones preferenciales, como adelantos financieros y ausencia de multas por incumplimientos.
• Sobreprecios y obras inconclusas: Muchas de las 51 obras presentaron sobreprecios, demoras injustificadas o quedaron inconclusas, aunque fueron pagadas en su totalidad. Por ejemplo, se identificaron obras viales en rutas nacionales como la Ruta 3 y la Ruta 9, donde los trabajos no se completaron pese a los pagos. En algunos casos, se detectaron sobreprecios de hasta el 65% por encima de los costos reales.
• Falta de controles: La DNV y la AGVP no ejercieron la supervisión adecuada, permitiendo que Austral Construcciones recibiera pagos anticipados sin rendir cuentas. Por ejemplo, se documentaron casos en los que se abonaron certificados de obra por trabajos no ejecutados o con avances mínimos.
El caso sigue pendiente de resolución definitiva en la Corte Suprema, mientras Cristina Fernández y los demás condenados buscan revertir las sentencias. La Causa Vialidad permanece como un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, marcando un precedente en la responsabilidad de altos funcionarios públicos.
