Un planteo clave en el marco de la reforma constitucional
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe difundió un comunicado en el que fijó su posición ante la inminente reforma constitucional. El eje de su reclamo es que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) sigan formando parte del Poder Judicial.
Desde el gremio señalaron que la nueva Constitución debe fortalecer derechos laborales, no debilitarlos, y advirtieron que una eventual autonomía como “extra poder” puede tener consecuencias institucionales negativas.
Riesgos de una autonomía por fuera del Poder Judicial
Para el sindicato, una ubicación externa de estos organismos al Poder Judicial podría debilitar su autonomía funcional y autarquía financiera. Aseguran que, lejos de fortalecerse, quedarían vulnerables a las decisiones del poder político de turno o de mayorías circunstanciales que comprometan la división de poderes.
En ese sentido, destacaron que actualmente el MPA y el SPPDP ya gozan de autonomía y autarquía según su ley de creación, y no se registran expresiones de sus actuales o anteriores titulares que indiquen interferencias en su accionar.
Defensa de la carrera y derechos laborales
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento gremial es la defensa de los trabajadores. El sindicato subraya que “el verdadero riesgo es el avasallamiento de los derechos laborales de fiscales, defensores, funcionarios y empleados”, especialmente en relación a la estabilidad, los salarios y la carrera judicial.
Expresaron que las designaciones actuales se realizan mediante concursos públicos y con normas que ya garantizan autonomía, y alertaron que la creación de un nuevo régimen podría romper con los equilibrios vigentes y con el histórico escalafón judicial.
Un llamado a la ciudadanía y a los constituyentes
Finalmente, el sindicato pidió apoyo a la sociedad santafesina y a los convencionales. “La única solución viable a este planteo debe ser resuelta dentro del Poder Judicial, única garantía de independencia y freno a posturas antidemocráticas”, afirmaron.
Además, sostuvieron que la futura ley no garantiza igualdad salarial ni continuidad de carrera, lo que podría afectar la vocación de cientos de trabajadores que optaron por desarrollarse en un poder del Estado.
