La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Gobierno de Donald Trump aumentó a USD 50 millones la recompensa que lleve al arresto del dictador venezolano, Nicolás Maduro. La recompensa anterior era de USD 25 millones.
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En un video publicado en sus redes sociales, Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país».
“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó.
Tras duplicar la recompensa por su captura, EEUU afirmó que el dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia
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En el video, Bondi detalló que “el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares”.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.
Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristóbal Landau, afirmó que las relaciones con Venezuela no son un asunto diplomático, sino “fundamentalmente” de aplicación de la ley, debido a que el país “ha sido secuestrado por una banda criminal”. En un mensaje publicado en X, Landau sostuvo que la administración de Nicolás Maduro no constituye un gobierno legítimo y que Washington considera al mandatario como líder de un cártel.
Maduro permanece bajo acusación en Estados Unidos por cargos de conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de cocaína, según informó el Departamento de Justicia. La imputación, presentada en 2020, representa una acción poco habitual contra un jefe de Estado extranjero.
El mes pasado, la administración Trump llegó a un acuerdo para asegurar la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en Caracas a cambio de que Venezuela permitiera el regreso de decenas de migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador en el marco de la ofensiva migratoria de la administración Trump. Poco después, la Casa Blanca dio marcha atrás y permitió a la petrolera estadounidense Chevron reanudar sus perforaciones en Venezuela, tras haber sido previamente bloqueada por las sanciones estadounidenses.
Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024 por las autoridades electorales, controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela
El Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia respaldaron la validez de los recuentos alternativos difundidos por la oposición, que atribuyeron la victoria a Edmundo González Urrutia con un 67 % de los votos, frente al 30 % obtenido por Maduro. La coalición opositora, encabezada por María Corina Machado, presentó miles de actas que, según su análisis, demuestran que el resultado oficial no refleja la voluntad popular.
González Urrutia debió huir de Venezuela pocos meses después de las elecciones y se radicó en España. El régimen Maduro emitió poco después una orden de arresto contra el opositor y ofreció una recompensa de USD 100.000 por información que lleve a su detención.
En enero de este año, el Gobierno estadounidense –aún en manos del demócrata Joe Biden– elevó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que faciliten la detención o condena de Maduro, dentro de un paquete de medidas y sanciones por lo que Washington denunció como una “investidura ilegítima”.
Fuente: Infobae
