Chats comprometedores en la causa del fentanilo mortal
En el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que habría provocado la muerte de 96 pacientes, la justicia incorporó a la causa conversaciones internas entre directivos y empleados de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.
En esos mensajes, los responsables reconocen irregularidades y admiten falsificar información ante inspecciones de ANMAT.
Uno de los intercambios más contundentes corresponde a Javier Tchukran, director de manufactura, quien escribió: “Me parece que no queda otra cosa que mentir”, al debatir con colegas cómo responder a controles sanitarios por la falta de documentación de un lote de fentanilo.
Deficiencias en la planta elaboradora
Los chats también revelan la precariedad de las instalaciones. Empleados advirtieron sobre paredes caídas, chapas sueltas y la presencia de palomas dentro de la planta. Incluso se reportó la explosión de un sistema de energía eléctrica (UPS) que afectó a equipos críticos como el cromatógrafo.
Estas fallas coincidieron con la producción del lote 31202 de fentanilo, señalado como el origen de la contaminación bacteriana.
Estrategias para encubrir irregularidades
En varias conversaciones, empleados y jefes de control de calidad acordaban “dibujar” registros, manipular datos de laboratorio y simular protocolos de producción.
Un ejemplo fue el diálogo entre Rocío Garay y Wilson Pons, donde discutieron qué reportar ante la falta de insumos:
“¿Qué hago? ¿Miento en los reportes?”
— “Y me parece que no queda otra cosa que mentir.”
Otros mensajes reflejan cómo la empresa intentaba anticiparse a las inspecciones de ANMAT gracias a avisos previos y buscaba armar documentación apócrifa de lotes enteros de medicamentos.
Responsabilidad penal y cuestionamientos a la ANMAT
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, junto a la fiscal Laura Roteta, dieron por finalizadas las indagatorias a los primeros diez imputados, incluido el dueño de las empresas, Ariel García Furfaro, quien permanece detenido.
Para la fiscalía, “no se trató de un error aislado, sino de una conducta sistemática y deliberada que puso en riesgo la salud pública”.
Además, el dictamen cuestiona a la autoridad sanitaria:
“La ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible”.
En esa línea, la justicia avanza no solo contra los empresarios y responsables técnicos, sino también en la investigación de posibles omisiones de funcionarios públicos en el control de las plantas.
Con información de Infobae
