En la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aseguran que los resultados preliminares de las primeras auditorías sobre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) se conocerán a finales de noviembre o principios de diciembre. El organismo que conduce Miguel Blanco quedó habilitado días atrás para llevar adelante una exhaustiva revisión de los procesos administrativos de la principal casa de estudio del país luego de que el Gobierno derogó una normativa impuesta por el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini que impedía este análisis.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, las auditorías comenzarán sobre las tres facultades más importantes de la UBA: Derecho, Economía y Medicina. Sobre estas casas de estudio se hará un relevamiento sobre los procesos administrativos de cada una, es decir, revisar sus controles internos para ponerlos a prueba.
Las auditorías de la SIGEN tienen como objetivo reconocer debilidades y flaquezas en los procesos administrativos de todos aquellos organismos que reciban o funcionen con fondos públicos y es por eso que el foco del análisis estará puesto en las cuentas de las universidades y en los miles millones que las casas de estudio reciben del Tesoro Nacional.
Este medio pudo saber que el proceso de revisión consistirá en una trazabilidad de los fondos, desde su envío hasta su ejecución, partida por partida. Se analizarán las transferencias directas de la Administración Pública Nacional, tanto como los convenios que la UBA firmó con ministerios y organismos del estado para la provisión de servicios como diplomaturas o hasta desarrollos de software. “Se verificará en qué se gastó el dinero, con la documentación respaldatoria y comprobantes. Toda irregularidad se convierte en una observación”, aclaran desde la SIGEN.
Cada partida se envió con un objetivo específico, por lo que se analizará si el dinero se utilizó correctamente. En la SIGEN ya se trabaja en la designación del equipo de auditores que se encargará de la revisión de los gastos de la UBA. De hecho, días atrás el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, había dicho que el lunes se le enviaría al rector de la UBA Ricardo Gelpi una carta para que designe un contacto asignado y se comience a planificar el proceso de control.
TN pudo saber que desde la SIGEN requerirán que la UBA entregue documentación vinculada a la transferencia de fondos del Estado, cada uno de los convenios firmados, la rendición de cuentas de cada gasto con la documentación respaldatoria, la nómina de gastos corrientes y de capital, es decir, todas las inversiones realizadas. En este punto se pondrá particular énfasis en la revisión de las compras de materiales y la contratación de servicios como limpieza, jardinería y mantenimiento en general.
Uno de los focos de atención estará puesto en la utilización de la caja chica, un recurso que las casas de estudios y otros organismos suelen destinar a gastos excepcionales o no planificados y sobre los que hay muy poco control. “Muchas veces las cajas chicas se suelen depositar en las cuentas personales de quienes deben hacer ese gasto”, reconoce una fuente de la SIGEN.
El período que se analizará comprende todo 2023 y hasta mediados de 2024. El equipo de la SIGEN concurrirá a la UBA para retirar la documentación que luego se comenzará a analizar. Tal como publicó TN, el Gobierno reactivó el equipo de la SIGEN que audita universidades y quiere sumar a funcionarios de Educación. Actualmente, el organismo cuenta con 530 empleados, un número algo ajustado para llevar adelante las tareas de revisión sobre todas las casas de estudio del país.
Según Blanco, la supervisión de estos controles es un mandato establecido en la Ley 24.156, que determina que todos los organismos que manejan fondos públicos deben ser auditados por la SIGEN o la Auditoría General de la Nación (AGN). En el Gobierno niegan que este control vaya a afectar la autonomía de las universidades, las que cuestionan los recortes presupuestarios del Gobierno: en las últimas semanas se llevaron adelante clases abiertas, paros y tomas para denunciar que los profesores perdieron un 30% de su poder adquisitivo. Es que mientras las Universidades advierten que el presupuesto 2025 impedirá su normal funcionamiento, el Gobierno insiste con auditar sus gastos, lo que finalmente ocurrirá.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas también se refleja en la obra pública: en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei ya rescindió 11 proyectos de mejoras edilicias en casas de estudio de todo el país. “No son priorizadas”, aseguran en el Ministerio de Economía. Se trata de proyectos que fueron iniciados durante la gestión de Alberto Fernández y que según cálculos de TN el Estado había invertido en estos unos $1422 millones. En algunos casos se trataba de obras que estaban cerca de terminarse, pero otras tenían un muy bajo nivel de avance físico.
fuente: TN
