Avanza la investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Entre las diligencias ordenadas se incluyen pedidos de informes patrimoniales, registros migratorios y la citación de un testigo clave vinculado a la propiedad de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires.
Pollicita solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble el historial completo de dominio de los inmuebles vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti. El requerimiento incluye datos sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y otros antecedentes registrales.
Además, el fiscal pidió información sobre expensas, pagos, cuentas intervinientes y posibles obras o mejoras en las propiedades relacionadas con el matrimonio.
Testimonio del primer dueño del departamento
Entre las medidas adoptadas, el fiscal citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Alberto Morales, quien fue el primer propietario del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, actualmente vinculado a Adorni.
También se solicitó incorporar al expediente las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario, disponibles en el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción, para analizar la evolución de su patrimonio.
Pedido de información sobre viajes al exterior
Otra de las diligencias ordenadas fue un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener el detalle de los cruces migratorios de Adorni y su esposa.
El objetivo es reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado realizados por el funcionario, incluyendo viajes al exterior.
Entre los desplazamientos que analiza la Justicia figura un posible viaje familiar al Caribe, específicamente a Aruba, a fines de 2024. Según reconstrucciones periodísticas, el entonces vocero presidencial habría salido del país el 29 de diciembre de 2024, con escala en Lima (Perú) y regreso con escala en Ecuador.
Los registros migratorios también surgieron luego de que la Justicia solicitara todas las entradas y salidas del país de Adorni y su esposa, tras un viaje previo a Punta del Este.
Contradicciones en torno a las vacaciones
El presunto viaje al Caribe generó interrogantes en la investigación, ya que podría presentar contradicciones con declaraciones públicas del funcionario.
Cuando fue consultado anteriormente por el viaje de su esposa a Nueva York en una comitiva oficial, Adorni sostuvo que no se tomaba vacaciones desde hacía dos años. Por este motivo, la Justicia busca contrastar las declaraciones públicas con los registros oficiales de migraciones.
Los detalles del departamento en Caballito
El caso tomó relevancia tras conocerse la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, concretada el 18 de noviembre de 2025.
La operación llamó la atención por su estructura financiera: dos jubiladas financiaron el 87% del valor total del inmueble mediante un crédito hipotecario.
Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y Claudia Sbabo. Ambas no solo actuaron como vendedoras, sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario por USD 200 mil, aportando cada una el 50% del crédito que permitió completar la compra.
Antes de esta transacción, el inmueble había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales.
Otras propiedades bajo análisis
La adquisición en Caballito no fue el único movimiento inmobiliario del funcionario en noviembre de 2025.
Ese mismo mes también se concretó la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. La propiedad figura a nombre de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
Sin embargo, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, un punto que ahora también es analizado por la Justicia en el marco de la investigación patrimonial.
Pollicita señaló que las diligencias solicitadas buscan profundizar la investigación y complementar las medidas previamente ordenadas por el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
