El planteo lo hizo el Ministerio Público luego de que un empresario, que es “imputado-colaborador”, pidió no ir al debate por la obra pública. El TOF debe resolver la cuestión
La fiscalía del juicio oral en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros, insistió este miércoles ante la necesidad de incorporar al debate las declaraciones de los “arrepentidos” de la causa de los cuadernos a este debate. En un escrito al que accedió Infobae, el fiscal Diego Luciani pidió expresamente que seis de esos empresarios se sienten ante el tribunal, los acusadores y las defensas. El planteo llegó justo cuando hay un hombre de negocios, Juan Chediack, que está pidiendo no declarar en este proceso para no autoimputarse.
“Insistimos en que resulta de vital importancia para la estrategia de este Ministerio Público Fiscal, la incorporación de todos los ‘legajos de arrepentido’”, le dijo esta mañana Luciani a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. El caso paradigmático de los “arrepentidos” en cuadernos es precisamente el de José López, el ex secretario de Obras Públicas que está condenado por enriquecimiento ilícito por los bolsos que llevó al convento y que cuando explotó el expediente pidió convertirse en “imputado colaborador”. López es uno de los acusados en este juicio oral que comenzó en mayo de 2019 y que tiene como protagonista excluyente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Juan Chediak y el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, ya estaban citados para declarar como testigos. Ahora, la fiscalía está pidiendo también sumar de manera presencial a otros “arrepentidos” de cuadernos: el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Aldo Roggio (de Benito Roggio e Hijos)t y Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Valenti (de la firma IMPSA).
El caso de los cuadernos implicó un terremoto en los tribunales de Comodoro Py en agosto de 2018, cuando un grupo de ex funcionarios y empresarios fueron detenidos por orden del juez Claudio Bonadio. Se los acusaba de integrar una asociación ilícita que recaudó dinero en viajes que registraba el chofer del ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, Oscar Centeno. Varios de los acusados -o porque ya estaban presos o porque buscaban no estarlo- se convirtieron frente al fiscal Carlos Stornelli en “imputados-colaboradores” reconociendo y justificando esos pagos ilegales.
La causa por las obras concedidas en Santa Cruz a Lázaro Báez tramita por otro carril. El ofrecimiento de testigos por parte de la fiscalía ocurrió en julio de 2018, justo un mes antes de que explotara la causa de los cuadernos. La incorporación de los “arrepentidos” en cuadernos implica un debate que el TOF 2, que juzga a CFK, aún no zanjó.
En ese contexto y después de pedido de Chediack para no ir a declarar (que reveló Infobae este miércoles), el fiscal Luciani redobló la apuesta. “Respecto de Juan Chediack (titular de CHEDIACK S.A.), si bien ya se encuentra programada la recepción de su declaración testimonial, igualmente, para el hipotético caso que la parte que requirió su testimonio, desistiera del mismo, habremos de dejar solicitado por el presente que en los términos del art. 388 del CPPN, se proceda a su convocatoria como ‘testigo nuevo’ del debate”, escribió.
“Se ha podido advertir que Juan CHEDIACK, en su carácter de empresario del rubro de la obra pública, mantuvo estrechos vínculos con varios de los actores principales del presente juicio, durante el período que es objeto de análisis en este proceso, es decir, los años 2003 a 2015 Ministerio Público Fiscal de la Nación (entre otros, nos referimos al ex Ministro de Planificación Federal Arq. Julio Miguel DE VIDO, al ex Secretario de Obras Públicas, al Ing. José Francisco LÓPEZ, como así también a los posibles testigos del debate, Ernesto CLARENS -persona supuestamente vinculada a Lázaro A. BÁEZ, AUSTRAL y GOTTI- y Carlos Guillermo Enrique WAGNER -titular de ESUCO, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y, además, miembro del Consejo del Registro Nacional de Constructores-)”, se señaló
La fiscalía también pidió citar a Ernesto Clarens, un financista clave durante el kirchnerismo que recientemente fue procesado por la Cámara Federa por lavar dinero para Lázaro Báez. “Se ha podido advertir que el Sr. Clarens mantuvo un estrecho vínculo con algunos de los actores principales del presente juicio, durante el período que es objeto de análisis en este proceso, es decir, los años 2003 a 2015 (entre ellos, con el Sr. Lázaro Antonio Báez como así también con las firmas Austral Construcciones S.A. y Gotti Hermanos S.A., entre otras)”.
Para el Ministerio Público se suman el hecho de que “Clarens habría sido un amplio conocedor y protagonista del circuito de pagos de los certificados de obra pública emitidos por el Estado Nacional durante buena parte del período temporal estudiado en esta causa y que, desde esa posición, estrechó vínculos tanto con empresarios del rubro como así también con funcionarios públicos con injerencia directa en el área de análisis. En definitiva, por todo ello, entendemos que se encuentra suficientemente fundado el interés y la pertinencia del testimonio solicitada”.
El fiscal también pidió que se presenten a declarar Enrique Pescarmona y Rubén Valenti, que fueron presidente y directivo, respectivamente, de la empresa INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SAICyF -IMPSA-). Valenti estuvo detenido en cuadernos por estar implicado en los pagos; Pescarmona también se convirtió en arrepentido y denunció: “Con los Kirchner me pasó lo mismo que en el secuestro, tuve que pagar porque si no me mataban”.
“Se ha podido advertir que los Sres. MENOTTI PESCARMONA y VALENTI, en su carácter de empresarios del rubro de la obra pública, mantuvieron un estrecho vínculo con alguno de los actores principales del presente juicio, durante el período que es objeto de análisis en este proceso, es decir, los años 2003 a 2015 (en concreto, nos referimos al ex Ministro de Planificación Federal Arq. Julio Miguel DE VIDO y alguno de sus colaboradores directos). Partiendo de ese vínculo, PESCARMONA y VALENTI han brindado testimonio acerca del funcionamiento de la cartera en cuestión, en lo atinente a la manera de relacionarse con las empresas del sector y al modo de llevar a cabo las licitaciones, entre otras cuestiones de interés (recordemos que de ese mismo ministerio dependían, ni más ni menos, que la Secretaría de Obras Públicas, las Subsecretarias de Obra Pública y de Coordinación de la Obra Pública Federal, y la Dirección Nacional de Vialidad”, aseguró el fiscal.
Wagner, también arrepentido en cuadernos, tiene una importancia clave para el Ministerio Publico y ya había sido ofrecido como testigos. Pero ante el caso de que se desistiera de llamarlo, la fiscalía insistió en reclamar su convocatoria por haber sido titular de ESUCO S.A., Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y, además, miembro del Consejo del Registro Nacional de Constructores).
“Se ha podido advertir que el nombrado, en su carácter de empresario del rubro de la obra pública y Presidente de la Cámara Argentina de Construcción, mantuvo estrechos vínculos con varios de los actores principales del presente juicio, durante el período que es objeto de análisis en este proceso, es decir, los años 2003 a 2015 (entre otros, nos referimos al ex Ministro de Planificación Federal Arq. Julio Miguel DE VIDO, al ex Secretario de Obras Públicas, al Ing. José Francisco LÓPEZ, como así también a los posibles testigos del debate, Ernesto CLARENS -persona supuestamente vinculada a Lázaro A. BÁEZ, AUSTRAL y GOTTI-). Partiendo de esos vínculos, WAGNER brindó testimonio acerca del desempeño de los funcionarios aludidos en lo atinente a la manera de relacionarse con las empresas del sector, al modo de llevar a cabo las licitaciones y a la forma en la cual funcionaba, por entonces, el circuito de pagos de los certificados de la obra pública emitidos por el Estado Nacional”.
“Además –se señaló-, su empresa ESUCO SA fue oferente en 10 de las 51 licitaciones que son objeto de estudio de estas actuaciones, por lo que su testimonio aparece como manifiestamente útil y relevante para la hipótesis del caso de este Ministerio Público Fiscal”, se precisó.
“El caso de Aldo Benito ROGGIO (titular de BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.) también fue solicitado como testigo nuevo en este proceso a raíz de su intervención como arrepentido en el caso cuadernos. “El Sr. ROGGIO ha brindado testimonio sobre el funcionamiento de aquella gestión del gobierno en torno a la obra pública vial, siendo conocedor directo sobre la manera en que los funcionarios se relacionaban con las empresas del sector, el modo de llevar a cabo las licitaciones, como así también acerca del funcionamiento del circuito de pagos de los certificados de la obra pública, entre otras cuestiones de sumo interés” en este proceso, dijo Luciani.
Insistió en incorporar por lectura otras declaraciones de arrepentidos como las del remisero Oscar Centeno, los empresarios Juan Carlos De Goycoechea y Alberto Tasselli, el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti y el ex secretario José López, que es uno de los acusados en este debate.
Al respecto, Luciani explicó: “Habida cuenta que por su condición de imputado en el marco de las presentes actuaciones, nos encontramos impedidos de aplicar el criterio general propuesto por el tribunal, es que en este caso se hace evidente la necesidad de incorporar su respectivo ‘legajo de arrepentido’ “.
“Consideramos oportuno mencionar que en el legajo citado, se abordaron tópicos de indudable interés para este juicio -sobre los que no abundaremos en detalles en esta oportunidad-, como ser: el manejo y la finalidad dada, desde las más altas esferas del Estado Nacional, a la obra pública vial durante el lapso temporal estudiado en esta causa; el aparente destino asignado a los “anticipos financieros” abonados por el Estado para esas obras durante igual período; el vínculo que habría entablado el Ing. LÓPEZ con el ex Ministro Arq. Julio M. DE VIDO, como así también con la ex Presidente de la Nación, Dra. Cristina E. Fernández, sobre quién aportó precisiones en relación con el nivel de conocimiento e involucramiento en los asuntos anteriormente detallados. Esta incorporación se solicita sin desconocer el libre alcance e interpretación que cada una de las partes intervinientes en el juicio habremos de asignarle a los referidos aportes en el momento oportuno”, afirmó.
Por último, la fiscalía pidió citar como testigos –ya ofrecidos por otras partes- al ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo; Eduardo Arnold, ex vicegobernador de Santa Cruz entre 1991 y 1999; el ex diputado provincial Rafael Flores; y a Pablo Fabián Alancay, empleado de seguridad del Grupo Austral.
Los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a cargo del debate oral, ya fijaron para la semana que viene la declaración como testigo de Wagner. Y se espera que entre hoy y mañana resuelvan el planteo de Chediak para que declare o no. La posición que fijen los magistrados alcanzará a todos los arrepentidos.
