Una decisión clave en la causa por presuntas irregularidades con Nación Seguros
El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por presuntas irregularidades en la causa conocida como “Seguros”. La medida judicial fue acompañada por un embargo millonario de $14.634.220.283 sobre sus bienes. La investigación apunta a la firma del decreto 823, que eliminó el sistema de coaseguro y concentró el mercado en la empresa estatal Nación Seguros.
- Una decisión clave en la causa por presuntas irregularidades con Nación Seguros
- Empresarios y ex funcionarios también involucrados
- Comisiones millonarias y contratos con el Estado
- El rol de la PROCELAC y las nuevas pruebas
- Otros procesamientos y sobreseimientos
- Cambio de juez y nuevas líneas de investigación
Según el fallo, Fernández fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Empresarios y ex funcionarios también involucrados
El procesamiento alcanzó también al broker Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero —quien además fue secretaria privada del ex presidente— y a ex funcionarios de Nación Seguros, como su ex titular Alberto Pagliano y miembros del directorio.
En un documento de más de 400 páginas, el juez indicó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”, ya que su cercanía con el entonces presidente implicaba un riesgo objetivo de conflicto.
El fallo también detalla que la relación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero excedía el plano profesional, y se evidenció en chats, regalos, favores personales y flujos de dinero.
Comisiones millonarias y contratos con el Estado
Durante la gestión de Fernández, la empresa de Martínez Sosa cobró casi $2.300 millones en comisiones, lo que representa cerca del 60% del total abonado entre 2019 y 2023. Además, acumuló contratos con 19 organismos estatales, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda y la Corte Suprema.
Si se suman las comisiones percibidas en 2024, el monto asciende a $416.546.348.
El rol de la PROCELAC y las nuevas pruebas
Uno de los elementos clave de la causa fue un informe de 662 páginas elaborado por la PROCELAC, que analizó la facturación de Fernández mientras no ejercía cargos públicos. El documento reveló que, entre 2010 y 2019, el ex mandatario facturó $4.257.000 a la empresa de Martínez Sosa por informes políticos y económicos.
La última factura fue emitida cuatro días antes de asumir la presidencia, el 6 de diciembre de 2019.
Otros procesamientos y sobreseimientos
También fueron procesados sin prisión preventiva otros ex funcionarios como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. En cambio, se dictó la falta de mérito para varios empresarios, entre ellos Oscar Castello, Ernesto Mercuri y Hernán Beretta.
Cambio de juez y nuevas líneas de investigación
La causa tuvo un giro en febrero de 2024, cuando Casanello reemplazó al juez Julián Ercolini, quien ya había finalizado las indagatorias. Desde entonces, el nuevo magistrado revisó documentación, incorporó pruebas y abrió nuevas líneas de investigación.
