La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Manhattan que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirmó hoy uno de sus fallos anteriores y determinó que desde hoy Argentina puede recibir pedidos de embargos por parte de los querellantes en la causa.
Así, eventualmente, activos locales en el exterior, en EEUU u otros países, podrían pasar a manos del querellante.
El año pasado, la magistrada determinó que el Estado argentino era culpable de haber expropiado mal la petrolera de bandera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, y lo condenó a pagar el resarcimiento máximo establecido: USD 16.000 millones. El bufete inglés Burford Capital, que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas minoritarios de YPF, es el ganador del juicio y es quien podría disparar los pedidos de embargos. La empresa quedó fuera de la causa y sólo fue condenado el estado argentino.
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Hasta ayer, la magistrada le había dado tiempo al país para que presente avales que eviten los embargos. Argentina, que no presentó esos activos como garantía, había pedido una extensión de plazos que con esta medida quedó desestimada. Ese fue el primer movimiento del nuevo gobierno en la causa. Argentina está representada en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, ahora encabezada por Rodolfo Barra.
“La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le ‘recomienda’ que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF”, detalló en X Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en este caso que ya lleva ocho años en los tribunales americano, donde se instruyó este juicio porque la petrolera cotiza en Wall Street.
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En diálogo con Infobae, Maril detalló que los beneficiarios de la sentencia por juicio de YPF ya pueden empezar a exigir activos que hayan identificado en algún lugar del mundo. Esos no pueden ser, por ejemplo, embajadas u otras dependencias diplomáticas. ¿Qué podría embargarse? No está claro, pero podría ser desde regalías petroleras hasta aviones de Aerolíneas Argentinas, siempre que sean aprobadas por un tribunal. En su momento, un activo embargado –por el juez Thomas Griesa, en la causa por los holdouts, en 2012– fue la Fragata Libertad, que estaba en un puerto de Ghana, en África.
“Si han identificado activos fuera de EEUU, tendrán que pedirle a una corte local en ese país que reconozca el fallo de una jurisdicción foránea, de Estados Unidos, y una vez que eso pase podría activarse los embargos. Aún cuando haya orden de incautación, Argentina la va a pelear para evitar que los querellantes se hagan de cualquier tipo de activo soberano. Todo esto está relacionado con la intención de Burford de obligar a Argentina a sentarse a negociar. Nadie quiere embargar, no estamos frente a fondos buitres. Burford ya dijo varias veces que quiere ser parte de la solución, no parte del problema. Quieren dialogar y cobrar la sentencia que les corresponde. Si Argentina quiere seguir pateando una pelota y apelar a ir a la Corte Suprema, los beneficiarios de fallo tienen todo el derecho de embargar porque la ley se los permite. Entiendo que no quieren hacerlo: es costoso y suelen ser trámites engorrosos y extensos”, detalló el experto.
Desde la sentencia de Preska corren intereses sobre el momento del fallo que hasta el momento rondan los USD 200 millones.
Voluntad de pago y “tasa Kicillof”
En los últimos días de 2023, Milei habló del caso. Aseguró que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”. Fue la primera vez que a lo largo de esta extensa demanda –que atravesó los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei– un presidente argentino habló de intenciones de pagar.
No sólo eso. El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.
Fuente: Infobae
