Fiscalía investiga caso de trata laboral en Arroyo Leyes
La Fiscalía Federal de Santa Fe formalizó la investigación penal contra Franco Poccia, un joven empresario frutillero de 25 años, acusado de reducir a servidumbre a 45 personas —entre ellas, dos adolescentes— en un campo de cultivo de frutillas en Arroyo Leyes, localidad cercana a la capital provincial.
Según la causa, las víctimas vivían en condiciones de hacinamiento, dormían en casillas de chapa con piso de tierra, sin baños ni agua potable, y trabajaban desde la madrugada con linternas.
El operativo y las condiciones halladas
El caso se destapó tras la denuncia de un trabajador golondrina oriundo del Chaco, quien reveló la situación ante las autoridades el 17 de septiembre. A partir de esa denuncia, se realizó un allanamiento en el predio rural, donde se verificaron graves violaciones a los derechos laborales y humanos.
Los trabajadores relataron que debían comprar su comida a un almacén vinculado al empleador, que se les descontaba del sueldo, y que dormían en camas hechas con cajones de verduras dentro de galpones precarios.
“Trabajaban desde las 3 de la madrugada con linternas, hasta entrada la noche, sin descanso ni condiciones básicas”, señaló la fiscal Milagros Traverso.
El fiscal Walter Rodríguez sostuvo que el caso representa una afectación directa a la dignidad humana, en tanto las condiciones de vida y trabajo eran “de clandestinidad y explotación extrema”.
Imputación y medida cautelar
Poccia fue imputado como autor del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el número de víctimas, el abuso de vulnerabilidad y la participación de menores de edad.
El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó 150 días de prisión preventiva efectiva, medida solicitada por la fiscalía el pasado 7 de octubre.
El fiscal Rodríguez remarcó que la situación tuvo “impacto interprovincial”, dado que las víctimas provenían de zonas rurales del Chaco, bajo condiciones de pobreza extrema y sin antecedentes laborales.
Informe de UATRE: indicadores de esclavitud moderna
Un relevamiento de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) confirmó la presencia de graves indicadores de vulnerabilidad y trabajo esclavo.
Las personas vivían en casillas improvisadas, utilizaban bidones de agroquímicos para acarrear agua de pozo, y no contaban con instalaciones seguras de electricidad ni gas.
“Las condiciones eran de cuasi esclavitud”, concluyó el informe.
El descargo de la defensa
Por su parte, Pedro Busico, abogado defensor de Poccia, negó los hechos y afirmó que los trabajadores “elegían vivir en el campo” y que “no estaban obligados por el empleador”.
El letrado aseguró que los empleados “ganan 300 mil pesos por semana” y que “trabajan por su cuenta, desde las 6 hasta el mediodía o según el clima”.
También sostuvo que muchos de ellos “pidieron quedarse hasta diciembre” pese a la intervención de los organismos de control.
Investigación en curso
La fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios, mientras se investiga la posible connivencia policial, luego de que se conociera que agentes de la comisaría local habrían advertido al imputado sobre la denuncia previa.
El caso expone nuevamente la problemática de la explotación laboral rural en Argentina, especialmente sobre los trabajadores migrantes internos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y desprotección.
Redacción CFIN
