En la pelea de fondo contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el gobierno de Javier Milei tiene decidido desactivar millonarios beneficios fiscales que la última gestión kirchnerista les otorgó a los clubes. Al presidente de Barracas Central, la Casa Rosada lo tiene anotado entre los “bloqueadores del cambio” y, para enfrentarlo, le aplicará la misma receta: eliminar cualquier concesión otorgada por el Estado.
A solo cinco días de quedar virtualmente proclamado ganador de una elección sin adversarios, Tapia acumula frentes de conflicto con el Ejecutivo. Al rechazo de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la reforma polémica del estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, se le sumó un nuevo revés que afectará no sólo a la caja de la entidad de la calle Viamonte, sino a todos los clubes que habían recibido el año pasado exenciones impositivas que la gestión libertaria no está dispuesta a renovar.
La mira está puesta en el decreto 510 y en la resolución 5439 de la AFIP que el año pasado, en medio de la campaña electoral, el último gobierno kirchnerista firmó para conceder a las entidades deportivas de todas las divisiones un régimen especial para las obligaciones y deudas vinculadas a aportes y contribuciones de la seguridad social y otros pasivos impositivos.
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En el Gobierno dicen que es “una bazuca” que está apuntada contra los “privilegios” que recibió el mundo del fútbol argentino, que fueron otorgados por la gestión anterior como parte de los compromisos electorales. Es una narrativa bélica que explica cómo el gobierno de Javier Milei tomó el rechazo de “Chiqui” Tapia a la puesta en marcha de las SAD: como una declaración de guerra.
El presidente de la AFA no sólo resiste el ingreso de capital privado a la propiedad de los clubes, sino que alineó a toda la dirigencia del fútbol detrás de su posición, hizo votar cláusulas anti SAD y anticipó las elecciones para extender su mandato en la AFA más allá de la Presidencia de Milei. “Si quieren jugar duro, tienen que saber que nosotros también. El gobierno anterior les dio privilegios que el Estado tiene que revisar todos los años. Esos beneficios no se van a renovar”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.
“¿Qué somos, los hijos de la pavota que les decimos que queremos hacer este cambio en el fútbol, ellos se niegan y el Estado les tiene que mantener esos beneficios?”, agregaron.
El decreto de la polémica
El decreto cuestionado por el Gobierno fue publicado el 6 de octubre pasado, a días de la primera vuelta electoral, que Unión por la Patria terminó ganando por escaso margen. “Establécese un régimen especial de percepción, retención y/o autorretención para el ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social”, estableció el texto.
A ese decreto le siguió, el 27 de octubre siguiente, una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que reglamentó los beneficios impositivos y le puso como fecha de vigencia el 1 de noviembre del año pasado. “El régimen especial resultará aplicable para la cancelación de las cotizaciones con destino a la seguridad social que se indican seguidamente: Aportes personales, Contribuciones patronales y Obligaciones devengadas hasta octubre de 2023″.
“Son millones de pesos de privilegios impositivos que no van a continuar”, anticipó una calificada fuente del gobierno de Javier Milei que ratificó la decisión de redoblar la presión contra el mandamás del fútbol argentino.
De todos modos, la pelea de fondo es por las SAD, una figura legal que fue incluida en el decreto de desregulación y apertura de la economía que Milei firmó en diciembre pasado, a días de haber asumido la Presidencia de la Nación. El primer mandatario quiere crear en el mundo del fútbol un mercado que hoy no existe, con reglas capitalistas de libre competencia que permita mejorar a los clubes, con el modelo que impera en las ligas más importantes del mundo, pero también en Brasil y Uruguay. Pero “Chiqui” Tapia resiste.
Desde el 2023, el presidente de la AFA hizo aprobar a la dirigencia una serie de cláusulas contra las Sociedades Anónimas Deportivas y este año se lanzó a una batalla judicial contra la Casa Rosada que espera una definición de la Corte Suprema de Justicia. El último round ocurrió hace dos semanas, cuando el juez federal de Mercedes, Elpidio Portacarrero Tezanos Pinto le dio la razón a la AFA y ordenó suspender la reglamentación de las SAD.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, tiene a la firma la apelación del fallo, mientras otros sectores del Gobierno deslizan que, además del recurso de alzada, también apuntarán contra el magistrado con una acusación en el Consejo de la Magistratura e incluso una denuncia penal. Más allá de las nulidades, se cuestiona el dictado de una medida cautelar con mera caución juratoria sosteniendo que la AFA es una asociación sin fines de lucro, cuando en el último ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2023 mostró ingresos anuales por unos 56 mil millones de pesos.
El argumento de la ausencia de lucro es parte de la narrativa que plantea “Chiqui” Tapia para defender el statu quo y así impedir que los socios de los clubes puedan elegir de manera libre si quieren el ingreso de capital privado. Es la estrategia para mantener el control político -y también el negocio- del mundo del fútbol argentino.
Fuente: Infobae
