Cierre judicial para la causa de la “cueva financiera” vinculada al caso Oldani
Seis años después del asesinato del empresario Hugo Oldani, la causa vinculada a la presunta intermediación financiera no autorizada en sus oficinas del centro de Santa Fe está cerca de cerrarse de manera definitiva.
Los diez acusados en la investigación acordaron realizar una donación conjunta de 107 millones de pesos destinada a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe, lo que permitiría aplicar un mecanismo de reparación integral del perjuicio previsto en el Código Penal.
Si el juez federal Ricardo Moisés Vázquez homologa el acuerdo, la acción penal se extinguirá y no habrá juicio.
El acuerdo judicial y la reparación económica
El entendimiento fue ultimado durante una audiencia en la que participaron el juez Vázquez, el fiscal general Martín Suárez Faisal, el fiscal auxiliar Nicolás Sacco, el decano de la UTN Santa Fe Alejandro Toffolo y los abogados defensores.
Las diez personas imputadas por intermediación financiera no autorizada son:
- Virginia Oldani
- María José Calle
- Carina Amelia Chelmo
- Leandro Javier Forchetti
- Flavio Damián Giulioni
- Ariel Juan Trucco
- Eugenio Francisco Alonso
- Marco Molinas
- Carlos Nicolás Ciochetto
- Carlos Aníbal Bacigaluppo
De acuerdo con fuentes consultadas, Virginia Oldani aportaría alrededor de 45 millones de pesos dentro del monto total comprometido.
El dinero será destinado a reparar el gimnasio de la UTN Santa Fe, financiar becas y programas de capacitación docente.
Los argumentos de la Fiscalía
En el escrito presentado ante la Justicia, el fiscal Suárez Faisal explicó que el acuerdo se basa en el mecanismo previsto por el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que permite extinguir la acción penal mediante la reparación del daño.
Según la Fiscalía, el delito investigado “protege el orden económico y financiero del país y posee un claro contenido patrimonial”, lo que habilita una solución de carácter restaurativo.
Además, se consideró que aun en caso de condena, las penas no habrían sido de cumplimiento efectivo, por lo que la reparación económica aparece como una alternativa viable dentro del marco legal.
El dinero hallado en las oficinas de Oldani
Durante la investigación surgió que en las oficinas de Oldani habría existido al menos un millón de dólares, además de varios millones de pesos.
A valores actuales, ese monto superaría los 1.430 millones de pesos, una cifra ampliamente superior a la donación acordada por los imputados, que alcanza 107 millones de pesos.
La noche del crimen y las irregularidades denunciadas
El empresario Hugo Oldani fue asesinado el 11 de febrero de 2020 durante un intento de robo en la Galería Rivadavia, donde funcionaban las oficinas de Oldani Turismo.
Horas después del crimen, cuando se confirmó su muerte, familiares y allegados ingresaron a la oficina acompañados por la fiscal provincial Cristina Ferraro.
Según testimonios policiales y documentos de la causa, en ese momento se produjeron varias situaciones que luego generaron polémica:
- Se habrían apagado cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas.
- Familiares retiraron bolsos, cajas y mochilas con dinero y documentos.
- También se autorizó acceder de forma remota a computadoras de la empresa.
Además, nunca se abrió la caja fuerte en presencia de la policía, por lo que se desconoce con certeza qué contenía.
Un caso marcado por episodios controvertidos
La investigación estuvo atravesada por varios hechos que generaron dudas y cuestionamientos:
- Las imágenes de cámaras de seguridad aparecieron tiempo después en la casa de un policía.
- Se detuvo a un bioquímico acusado de organizar el robo, pero luego se comprobó que había sido un error investigativo.
- El detenido por el homicidio apareció muerto en la cárcel de Las Flores.
- El fiscal federal Walter Rodríguez debió reclamar durante semanas información a la Justicia provincial para avanzar con la investigación.
En paralelo, el dinero retirado de la escena del crimen nunca fue recuperado.
Qué puede pasar ahora
La semana próxima, posiblemente el miércoles, el juez Ricardo Moisés Vázquez deberá decidir si homologa el acuerdo de reparación.
Si esto ocurre, la causa por intermediación financiera no autorizada quedará cerrada y los imputados evitarán el juicio oral, dando fin a uno de los expedientes judiciales más controvertidos surgidos tras el asesinato del empresario santafesino.
