Presentación ante el Ministerio Público de la Acusación
Este jueves 5 de febrero se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investiguen posibles irregularidades vinculadas a la obra pública denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier”, en el departamento San Javier, provincia de Santa Fe.
La presentación fue realizada por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, junto a Luis Gorosito, dirigente del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) de San Javier, y se encuentra acompañada por documentación respaldatoria.
Denuncian vínculos comerciales con una empresa adjudicataria
Según el escrito presentado, se denuncia la posible comercialización de materiales y servicios por parte de Oscar Alfredo Dolzani, actual senador provincial por el departamento San Javier, a través de su empresa Corralón Dolzani.
De acuerdo con la información aportada, dichos materiales y servicios habrían sido vendidos a la empresa Obring S.A., conforme surge de los registros de inscripción ante ARCA.
Obring S.A. integra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de la obra pública, la cual se encuentra financiada por el Estado provincial, un aspecto central de la denuncia.
Venta de materiales por más de 18 millones de pesos
En la presentación ante el MPA se adjuntó documentación que acreditaría la compra directa de materiales y servicios por parte de Obring S.A. al Corralón Dolzani por un monto total de $18.894.036,11.
Entre los documentos aportados se incluyen:
- Factura A N° 00010-00001490
- Remito N° 00010-31346571
Ambos comprobantes están fechados el 27 de enero de 2026 y forman parte del material probatorio incorporado a la denuncia.
Posibles delitos y normas en análisis
Los denunciantes sostienen que, de confirmarse los hechos, la conducta denunciada podría encuadrar en distintas figuras penales y contradecir normas constitucionales y provinciales vigentes.
Entre ellas se menciona el Artículo 265 del Código Penal, referido a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, ya que el senador habría mantenido intereses comerciales en una obra ejecutada en su distrito y financiada por el Estado provincial.
También se menciona el Artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica el tráfico de influencias, al considerar que la condición de senador provincial podría haber incidido en la concreción de las operaciones comerciales.
Asimismo, se señalan posibles vulneraciones al Artículo 6 de la Constitución Provincial (ética pública), al Artículo 87 (incompatibilidades de los legisladores) y a la Ley Provincial 13.230 de Ética Pública, que regula los conflictos de intereses de los funcionarios.
Medidas probatorias solicitadas
Finalmente, Palo Oliver y Gorosito solicitaron al MPA la realización de medidas probatorias complementarias, entre ellas:
- Requerir a ARCA información sobre operaciones comerciales entre Dolzani y las empresas integrantes de la UTE.
- Solicitar al Ministerio de Obras Públicas los antecedentes técnicos de la obra.
- Disponer una pericial contable sobre la firma Corralón Dolzani.
- Realizar una pericial técnica para determinar la procedencia de los materiales utilizados.
- Solicitar informes bancarios sobre operaciones comerciales desde el año 2024 a la fecha.
- Requerir informes a las empresas Dragados y Obras Portuarias S.A., Sabavisa S.A. y Obring S.A. sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Fe.
