El gobierno provincial apelará ante la Corte nacional
El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una nueva instancia judicial en el conflicto por la reforma previsional. A través de la Fiscalía de Estado, presentará un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que declaró inconstitucional el tope jubilatorio.
La presentación está prevista para este viernes y, antes de llegar al máximo tribunal nacional, deberá ser realizada ante la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Ese tribunal deberá determinar si concede el recurso. En caso de rechazarlo, la provincia podrá recurrir directamente en queja ante la Corte nacional.
La estrategia fue definida por la Fiscalía de Estado junto con el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de los recientes pronunciamientos del máximo tribunal santafesino.
Qué resolvió la Corte de Santa Fe
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se pronunció sobre dos aspectos centrales de la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial.
Por un lado, declaró inconstitucional el tope aplicado a las jubilaciones. Por otro, consideró constitucional el aporte solidario establecido por la reforma.
La definición del ministro Roberto Falistocco resultó determinante en ambos expedientes. En el caso referido al tope jubilatorio, votó junto con Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza. En el planteo relacionado con el aporte solidario, conformó mayoría con Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.
El aporte solidario, que dejará de aplicarse a trabajadores activos y jubilados desde septiembre, fue considerado válido. La Corte, además, otorgó un plazo de 30 días para que los demandantes puedan continuar sus reclamos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El gobierno cuestionó el fallo
La resolución judicial generó fuertes críticas dentro del Ejecutivo provincial. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó públicamente la decisión de la Corte santafesina y puso en duda la imparcialidad de algunos de sus integrantes.
El funcionario sostuvo que algunos ministros podrían tener intereses vinculados con el régimen previsional que estaba siendo analizado, debido a sus propias situaciones jubilatorias.
El gobierno había solicitado previamente que cuatro integrantes de la Corte provincial se apartaran de las causas relacionadas con la reforma previsional. El planteo se fundamentó en la existencia de circunstancias que, según la administración provincial, podían afectar la imparcialidad del tribunal.
El reclamo por el apartamiento de ministros
Entre los argumentos planteados por el Ejecutivo aparece la situación previsional de algunos integrantes de la Corte. La provincia señaló que Rubén Weder ya se encontraba jubilado cuando fue designado ministro y debió suspender ese régimen para asumir el cargo.
También apuntó a las situaciones de Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, quienes tienen previsto dejar sus cargos hacia fin de año y cuentan con trámites jubilatorios iniciados, aunque todavía deben completar el cese correspondiente.
En el caso de Spuler, su salida de la Corte se produciría en menos de un mes.
Dos causas que marcaron el conflicto
Los pronunciamientos de la Corte provincial se originaron en diferentes presentaciones judiciales contra la reforma previsional.
Uno de los expedientes es conocido como caso Lisi, iniciado por Gladys Noemí Lisi, una docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario.
El otro es el caso Ramón, promovido por Elena Virginia Ramón, una camarista penal que planteó la inconstitucionalidad del tope aplicado a las jubilaciones.
Una parte importante de las causas judicializadas fue impulsada por exmagistrados y camaristas que cuestionaron distintos aspectos de la reforma.
Ahora, el Gobierno de Santa Fe buscará que la discusión llegue al máximo tribunal del país. El primer paso será obtener el aval de la Corte santafesina para habilitar el recurso extraordinario federal.
