En una conferencia de prensa de algo más de una hora, y con el objetivo declarado de dar batalla y “derrotar” al narcotráfico, hoy con epicentro en la ciudad de Rosario, dos ministros nacionales anunciaron hoy que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones que sean consideradas como actos de terrorismo. Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron también el envío de otros cuatro proyectos, que entre otras medidas establecen penas de prisión para piqueteros que organicen manifestaciones y consigan, mediante “extorsión”, la presencia de manifestantes en esas marchas.
“Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en el supuesto de terrorismo”, indicó Petri en el inicio de la conferencia, junto a Bullrich. El ministro de Defensa anunció que el proyecto modifica el artículo 27 de la ley, que hasta ahora autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo logístico, como “arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. La decisión llega días después de la indignación pública por una nueva ola de violencia narco que provocó la muerte violenta de cuatro personas en Rosario.
“Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, enfatizó el ministro, y especificó que, de conseguirse la aprobación en el Congreso, “las FF. AA. quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro de Defensa.
Atento a las críticas de quienes ven un riesgo en permitir la participación de las Fuerzas Armadas, Petri dejó en claro que “no se usarán para delitos comunes, sino en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”, aclaró Petri, quien también prometió “mayores recursos” para los “dos o tres mil” miembros de las Fuerzas Armadas que sean, en un futuro, destinados al combate directo contra el narcotráfico.
A su turno, la ministra de Seguridad defendió la medida. “No hay plan B, la sociedad no tiene plan B cuando le destruyen su propiedad y su vida. Estamos planteando la reforma más importante y creemos que el Congreso nos va a acompañar. Todos los países utilizan a sus Fuerzas Armadas el combate contra el terrorismo”, enfatizó Bullrich cuando la consultaron sobre un eventual fracaso de la iniciativa en su tratamiento parlamentario.
Bullrich, dijo que además se enviará para su tratamiento parlamentario la denominada ley antimafias que, indicó la funcionaria, tiene origen en el código italiano. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, dijo.
“Este tipo de organizaciones tienen en vilo una zona, un barrio, y donde ya no rige la Constitución Nacional ni el Código Penal, sino que rige la ley narco. Cuando esto se realice de manera reiterada y en beneficio de esta organización criminal, con el desplazamiento o aniquilación de otra organización para amedrentar a la población o a ciertos sectores, y esto es importante porque lo estamos viviendo en determinadas zonas del país, para infundir temor a las autoridades, policías, jueces; cuando se busca el control de un territorio para cometer un ilícito. Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización y van a tener una pena por pertenecer a ese clan”, detalló Bullrich.
La ministra dijo que van a “utilizar un modelo superador para este tipo de hechos”. Y habló de ciertas medidas: como la detención por averiguación de ilícitos (como ya lo está haciendo Santa Fe con una ley especial), la colocación de retenes, incautar mercadería, hacer rastrillajes y allanamientos encadenados. “La pena más grave que le corresponda a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”, destacó Bullrich. Si no se trata de una pena máxima el delito será de entre 8 y 12 años.
La funcionaria nacional habló sobre la “reiterancia”, otro proyecto de modificación para el Código Penal. “Lo agarran por un delito y no tiene condena y así sucesivamente. Acá sumamos la figura de la reiterancia que ya estaba en Mendoza hace mucho tiempo. Reiteras el delito y vas preso”, dijo Bullrich, y aseguró que con esto “cortamos la impunidad que siente la gente del barrio cuando les roban y vuelven a robar”.
Sobre el tercer proyecto presentado, Bullrich se refirió al registro de ADN. Actualmente, rige en la Argentina uno para delitos sexuales. “Ahora, cada una de las personas que entre a una cárcel, a una dependencia policial, con una imputación va a tener que someterse a una prueba de ADN que va a quedar en un sistema donado por el FMI donde se almacena y van a dejar sus huellas genéticas”, explicó, y dijo que sirve no solo para imputar, sino para desvincular a un inocente de un hecho. El sistema permite también el aporte voluntario de allegados de personas buscadas.
Avance contra quienes organizan marchas y extorsionan a la gente
Bullrich habló de la reforma del artículo 194 del Código Penal sobre el aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, que instiguen cortes de calles, que obliguen a la gente a participar de las marchas. “No va a permitir que se explote a las personas”, dijo la ministra, y detalló que podrían ser penas de entre 4 y 6 años. También habló de la creación de un tipo penal para quienes bloqueen industrias, comercios y empresas.
Respecto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber, Bullrich dijo se plantea un nuevo artículo para “cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”. “No era razonable examinar solo si la persona estaba o no armada, por eso que es que se suman nuevos elementos”, indicó la funcionaria y aseguró que no se permitirá más la querella donde las familias de los delincuentes van contra el Estado nacional. “Le estamos dando derechos después de haber cometido un delito contra la sociedad”, agregó la ministra.
“Hoy, le pegan con una piedra a un policía y es como si nada. Bien, esto se termina. A partir de ahora se plantearán penas más concretas con quienes atenten contra la autoridad porque en cada manifestación tenemos entre cinco y seis heridos. Ahora va a pasar algo con eso”, informó Bullrich.
Para la ministra, “creemos que no puede haber un solo diputado o senador de la Nación que no entienda que esta situación de inseguridad que vive no solo los rosarinos sino todo el país”. “La vida, la propiedad de la gente, el país, están en riesgo”, afirmó y resaltó que estos proyectos “son para acompañar a la sociedad”. “Nos van a acompañar, ¿quién no lo va a hacer? Los que van a quedar del lado de los delincuentes”, agregó la funcionaria. Todos los proyectos serán presentados la semana que viene.
Fuente: La Nación
