La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció violaciones de derechos humanos hacia las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, que fueron detenidas durante el desalojo de predios ocupados en Villa Mascardi en un operativo que fue coordinado por su par, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Gómez Alcorta anunció además que su cartera gubernamental está “interviniendo activamente” con presentaciones judiciales en favor de las mapuches detenidas.
“La situación es sumamente preocupante”, sostuvo Gómez Alcorta, al cuestionar las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien ordenó el operativo judicial que fue instrumentado por Aníbal Fernández. Para la funcionaria del presidente Alberto Fernández, la magistrada instruyó medidas que incumplen “la Constitución nacional y pactos internacionales” y vulneran normativas como la ley de “parto respetado”. Según la ministra, en el grupo de detenidas hay “una líder espiritual”, dos mujeres que se encontraban con sus hijos pequeños y una embarazada de 40 semanas, “con algunos temas de presión alta”.
“Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones”, afirmó la ministra en diálogo con radio AM 750.
Las mujeres fueron detenidas en el marco del accionar del comando operativo unificado para liberar 40 hectáreas de tierras que diversos grupos que se autodenominan mapuches usurparon a partir de 2017 en la zona de Villa Mascardi, cercana a Bariloche. Integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu nunca acataron las intimaciones de las autoridades y avanzaron sobre propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico.
Luego de la ocupación de los primeros lotes, los encapuchados vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS – donde estaba prevista la instalación de la Escuela de Guardaparques- y la propiedad La Escondida, perteneciente al vecino Juan Greham y su esposa.
Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado.
La semana pasada, luego de incendiar un puesto móvil que tenía Gendarmería Nacional en la propiedad Los Radales – que había sido incendiada el 1 de agosto pasado- colocaron barricada en el acceso e ingresaron a la vivienda, continuando con su plan de expansión en todo el territorio.
El último miércoles también usurparon La Cristalina, una cabaña que pertenece al presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.
Esta semana, la Justicia ordenó que cesaran los delitos que se cometen en la zona. Cuando llegaron los efectivos, la mayoría de ellos de la Policía Federal, los usurpadores reaccionaron con violencia: arrojando piedras y provocando detonaciones.
Según indicaron fuentes del MMGyD, la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche se hizo presente en el hospital donde se encuentra la mujer embarazada, ante un posible trabajo de parto y la negativa judicial de que pudiera estar acompañada, tal como prevé la ley de parto humanizado.
Gómez Alcorta cuestionó a la jueza Domínguez porque las mujeres detenidas “están incomunicadas hace 48 horas” y consideró que “lo más grave” es que los pedidos de excarcelaciones “fueron rechazados por una cuestión formal de que no tienen designados abogados o abogadas particulares”, una circunstancia que se deriva por la misma incomunicación en la que se encuentran. “Es un círculo perverso”, definió.
“Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales. En este caso la magistrada negó ese derecho”, sostuvo la ministra.
En el marco del operativo de desalojo, cuatro de las mujeres detenidas en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, fueron trasladadas en las últimas horas del miércoles al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
Otras dos mujeres, en cambio, permanecieron detenidas en Río Negro porque ambas tienen bebés de pocos meses y son lactantes. Permanecerán alojadas en las dependencias que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche.
La séptima mujer, que cursa un embarazo avanzado, quedó internada en el hospital Ramón Carrillo de la misma ciudad patagónica.
Desde el MMGyD informaron que la subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky y la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Florencia Sotelo se harán presentes en la unidad penal de mujeres de Ezeiza para tomar contacto con las mapuches alojadas para conocer su situación y evaluar cursos de acción.
Además, desde esa cartera ministerial se presentará un nuevo escrito judicial en el se manifestará la preocupación por las violaciones a los derechos humanos en el traslado hacia Ezeiza, en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “López contra el Estado argentino” de 2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia donde residen.
“Hay cuatro mujeres a 1.500 kilómetros de donde viven sin haber tenido contacto con un abogado o abogada”, insistió la ministra de Mujeres.
Gómez Alcorta informó que desde su cartera “no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial”, pero que están impulsando estas acciones porque “nuestro rol desde el ministerio es resguardar a todas las mujeres”. Nos preocupamos particularmente por las que viven en nuestro país cuando se encuentren con violaciones a sus derechos y estamos en un caso de esa naturaleza”, completó la ministra.
fuente: Infobae
