El objetivo es acortar el período de tres meses entre la primera y la segunda dosis en uno de los grupos de riesgo más voluminoso del país. La opción está en estudio debido al alto grado de contagiosidad que tiene la nueva cepa. En Argentina solo se registraron tres casos y fueron aislados
La variante Delta. Esa es la principal preocupación que aqueja al gobierno nacional por estas horas. Surgida en la India, la nueva cepa que está generando un fuerte impacto epidemiológico en Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, provocó un cambio en la proyección sanitaria de la Casa Rosada. La pandemia aún no terminó, pese a los avances en el plan de vacunación que pudo mostrar la gestión de Alberto Fernández en el último mes y el discurso optimista del oficialismo sobre la pronta llegada de la nueva normalidad.
En el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Presidente decidió sumar restricciones en el control de las fronteras y limitar el ingreso de pasajeros al país. El cupo, que estaba en 2000 personas por día, se redujo a 600. Además, estipuló que quienes regresen del exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto, van a estar obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos locales durante 10 días.
Las nuevas medidas tienen una explicación epidemiológica. La variante Delta es supercontagiosa y podría generar una tercera ola de casos durante el invierno. En el oficialismo hay mucha preocupación por la posibilidad de que la nueva cepa rompa las barreras sanitarias nacionales, genere un salto en la cantidad de contagios y comience a haber una circulación comunitaria del virus en el país.
Frente a ese potencial escenario en el Ministerio de Salud empezaron a estudiar la posibilidad de darle prioridad al cierre del esquema de vacunación de las personas mayores de 60 años. El objetivo es concreto: aumentar la inmunización en uno de los grupos de riesgo más voluminoso.
Evalúan acordar el período de tres meses, dispuesto por las autoridades sanitarias entre la primera y la segunda dosis, exclusivamente en esa franja etaria. Se trata de la inoculación de cerca de 4.000.000 de personas a las que se les daría prioridad.
La discusión está abierta dentro de la cartera que conduce la ministra Carla Vizzotti porque la voluntad del Gobierno es continuar privilegiando la mayor cantidad de primeras dosis aplicadas. De esa forma, entienden, achicarían la circulación del virus y en términos cuantitativos tendrían más personas vacunadas. Tal es así que solo se inclinarían por apurar las segundas dosis de los mayores de 60 años, mientras siguen con las primeras dosis en el resto de la población. Los otros grupos de riesgo deberían esperar.
En Argentina hay cerca de 7.500.000 de personas que tienen más de 60 años. Según el Monitor Público de Vacunación hasta el momento fueron inoculadas 7.845.916. Es decir que faltan la mayor parte de las segundas dosis. Con vacunas en el país, el ritmo de vacunación aumentó. Según reportó la Casa Rosada, entre el 18 de mayo hasta el 18 de junio se aplicaron 7.643.753 dosis, con un promedio diario de 239.575 inoculaciones, mientras que en ese lapso arribaron a la Argentina 7.979.000 vacunas.
En el oficialismo sostienen que, de mínima, pondrán mantener un promedio de 8.000.000 de dosis mensuales. Quizás lo puedan aumentar. Con el cierre del nuevo contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis para los próximos tres meses, la capacidad operativa se volvería a exigir para dar un nuevo salto en la cantidad de vacunados. Es un nuevo desafío logístico que está a la vista.
Es una carrera contra el tiempo. Vacunar, contener la variante manos, evitar un rebrote furioso que genere una tercera ola y evaluar, a medida que pasan los días, la posibilidad de aplicar nuevas medidas restrictivas e intermitentes.
En el Gobierno asumen que la variante Delta, tarde o temprano, ingresará al país. Lo que deben hacer es demorar ese ingreso todo lo posible. El objetivo de máxima sería lograr bloquearlo durante el invierno y avanzar en la vacunación en los próximos dos meses. Para demorarlo la clave pasa por dos medidas: los controles estrictos en el ingreso al país y el cumplimiento efectivo de la cuarentena obligatoria para las personas que regresan a la Argentina.
En este último caso es donde reside la mayor preocupación oficial. Según datos reportados por la Dirección Nacional de Migraciones, que conduce Florencia Carignano, en los últimos 15 días 4 de cada 10 personas que volvieron al país desde el exterior no cumplieron con la cuarentena obligatoria en sus domicilios. El problema, en gran medida, es la responsabilidad individual.
Los argentinos que retornan a la Argentina deben hacerse un tres testeos. Un PCR antes de abordar el avión, un antígeno al llegar al país y otro PCR al séptimo día, cuando finaliza el aislamiento. En el Gobierno entienden que mucha gente a la que los dos primeros testeos le dan negativo asumen que están libres del virus e incumplen las reglas. Y los síntomas de un posible contagio pueden registrarse en el tiempo de cuarentena. Por eso la importancia del aislamiento.
Por el momento solo hubo 3 casos de la variable Delta que fueron detectados en pasajeros que ingresaban al país a través del Aeropuerto de Ezeiza. En ese contexto, desde el Ministerio de Salud le insistieron a los funcionarios de todas las provincias que aumenten y profundicen los controles de las personas que deben cumplir el aislamiento de una semana luego de arribar al país.
El aumento de casos con la cepa Delta cambiaron la perspectiva del escenario sanitario que tenía el Gobierno. Si el virus se infiltra en pleno invierno el rebrote de casos sería muy difícil de controlar. Las autoridades saben que la principal puerta de entrada es Ezeiza. Por eso las fronteras continúan cerradas al turismo y todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo. Además, en el último DNU continúan suspendidos los vuelos provenientes de Reino Unido, Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India, Turquía y los países africanos.
