Una causa que vuelve a escena
La Justicia penal de Santa Fe llevará adelante los días 11 y 15 de diciembre la audiencia preliminar por el presunto direccionamiento de una licitación pública para la compra de armas destinada a la Policía provincial. El proceso tiene como principal imputado al ex ministro de Seguridad Marcelo Fabián Saín, junto a otros tres ex funcionarios y la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
La investigación es impulsada por la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, a cargo de los fiscales Ezequiel Hernández y Matías Broggi, mientras que la provincia actúa como querellante institucional.
El esquema investigado
Según la acusación presentada en 2024, Saín, Germán Montenegro y Maximiliano Novas habrían intentado direccionar la licitación, que manejaba un presupuesto oficial de $1.411 millones, equivalente en aquel momento a más de 17 millones de dólares.
El paquete incluía 12.000 pistolas 9 mm Jericho, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, todos de fabricación israelí. Para los investigadores, la operación buscaba beneficiar de manera indebida a una única empresa.
Imputaciones y penas solicitadas
Los ex funcionarios están acusados de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso con tentativa de defraudación a la administración estatal. Para Saín, la Fiscalía solicitó 5 años de prisión, mientras que para Montenegro y Novas pidió 4 años. En tanto, el ex jefe de Logística policial Marcelo Correa enfrenta un pedido de 3 años de prisión condicional.
El rol de la empresa y una trama compleja
La firma Emprendimientos Grupo Patagónico, representante de la marca israelí IWI, también está imputada como persona jurídica —una instancia inédita para Santa Fe—. Según la acusación, habría intervenido activamente en la confección del pliego licitatorio con miras a obtener un beneficio económico estimado entre 2 y 8 millones de dólares.
La empresa, que atravesó cambios de titularidad y presentó irregularidades administrativas, enfrenta un pedido de multa doble al beneficio esperado e inhabilitación por cinco años para participar en licitaciones públicas.
Una licitación suspendida y una causa que avanza
La licitación fue finalmente suspendida en febrero de 2021 tras la impugnación de Bersa SA y objeciones de distintos organismos provinciales.
La causa se inició en marzo de 2021, tuvo imputaciones formales en 2022 y ahora entra en una etapa clave. La audiencia preliminar definirá si el caso avanza a juicio oral, donde se debatirá si existió o no un intento deliberado de perjudicar al Estado santafesino.
