Es por “intermediación financiera no autorizada”, ya que hay evidencias que dentro de la agencia de turismo funcionaba una “cueva” financiera. La medida judicial alcanza a 10 personas
La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de familiares y allegados al empresario asesinado Hugo Oldani por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, ya que hay evidencias que dentro de la agencia de turismo funcionaba una “cueva” financiera.
Entre los imputados por este delito -que prevé una pena de uno a cuatro años de prisión- figuran Virginia Oldani (hija del empresario asesinado en febrero de 2020) y María José Calle, empleada de la agencia. Los otros ocho procesados son la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo, dos operadores del grupo Carey de Rosario, Carlos Ciochettto y Carlos Bacigaluppo; el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso.
La causa se inició el 1 de junio de 2020 tras una denuncia del por entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, luego de que “desaparecieran” de la escena del crimen más de un millón 100 mil dólares y tres millones 100 mil pesos.
El fiscal Walter Rodriguez investigó el entorno de la familia de Hugo Oldani y el 22 de abril de este año el juez Bailaque ordenó el procesamiento de estas 10 personas. Tras la apelación, la Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos y ratificó la investigación por el funcionamiento de una “cueva” financiera dentro de la misma agencia de turismo.
“Es posible afirmar que desde 2018 hasta el 11 de febrero de 2020 en la agencia Oldani se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del empresario y de terceros, entre los que se encuentran los imputados, que no estaban habilitados a realizarlas” señala el fallo de Cámara Federal al coincidir con Bailaque.
El fiscal general Oscar Arrigo también coincidió con su colega a cargo de la investigación, Walter Rodríguez, al pedirle a la Cámara que confirme los diez procesamientos. “La prueba reunida en el legajo permite acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad que les cupo a los imputados”, dijo en su dictamen.
“Los resultados de las pericias practicadas en los equipos informáticos” de la empresa de Oldani revelaron “una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al calzar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal”, agregó.
La Cámara describió el rol de cada uno de ellos y en el caso de Virginia Oldani y María José Calle dijo que “habrían realizado aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani, como sus brazos ejecutores en las maniobras delictivas indicadas”, que es lo mismo que plantearon el fiscal Rodríguez y Bailaque.
En consecuencia, la Cámara estimó que “en términos de probabilidad, los imputados resultan presuntos responsables de la comisión del delito por el que se los indagó, sin perjuicio de lo que pudiere surgir” en el avance de la investigación.
