«Espero que esta denuncia impulse una revisión seria y profunda en los métodos y protocolos de actuación de quienes deberían proteger a los menores en situaciones tan delicadas», aseguró Fernanda Deluca.
Fernanda Deluca, esposa de Juan Trigatti —el profesor que recientemente fue absuelto en un juicio por supuesto abuso a menores—, presentó dos nuevas denuncias para exponer lo que considera serias irregularidades y conflicto de intereses en el abordaje del caso por parte de organismos públicos. Deluca sostiene que el accionar de las áreas de Niñez de la Municipalidad y de ciertos actores legales comprometió la integridad del proceso y vulneró los derechos de los niños involucrados.
Impacto negativo en las víctimas
La primera denuncia que Deluca presentó en mayo ante el Municipio de Santa Fe estuvo dirigida contra la actuación del equipo local de la Secretaría de la Niñez en la investigación.
Según la denunciante, la gestión anterior permitió que este órgano, que debería velar por el bienestar de los menores, se extralimitara en sus competencias, provocando una innecesaria y perjudicial revictimización de las niñas.
Las menores habrían sido entrevistadas en repetidas ocasiones a petición de la Fiscalía, a pesar de haber pasado previamente por evaluaciones en otros organismos de salud. Esto, subraya Deluca, fue una intervención fuera de protocolo que generó un impacto emocional negativo en las víctimas.
Actuación «poco clara»
A lo largo de la causa, la abogada Agustina Taboada, perteneciente al equipo de Niñez, participó activamente en el caso, una intervención que Deluca considera como una actuación poco clara.
En su denuncia, menciona una «sospechosa relación» entre Taboada, la fiscal Alejandra del Río Ayala y la abogada querellante Carolina Walker Torres, quienes fueron, según afirma, sus abogadas personales en el pasado.
Esta vinculación, sugiere Deluca, plantea una posible colisión de intereses entre los actores implicados en el proceso judicial, lo que plantea serias dudas sobre la objetividad de las decisiones tomadas. «Era inadmisible que una persona que debía proteger a los niños estuviera, además, vinculada a la querella y la fiscalía», señaló.
Extractos del fallo absolutorio
En su reciente ampliación de la denuncia ante la Municipalidad y en sus nuevas presentaciones a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección Provincial de Niñez, Deluca no solo reiteró estas acusaciones, sino que aportó extractos del fallo absolutorio de su esposo.
Según el tribunal, el equipo de Niñez habría actuado irregularmente, señalando como «grave» la intervención en el caso y la participación de la abogada Taboada en procedimientos fuera de su competencia.
«Espero que esta denuncia impulse una revisión seria y profunda en los métodos y protocolos de actuación de quienes deberían proteger a los menores en situaciones tan delicadas», aseguró Fernanda
Las declaraciones de los propios integrantes de Niñez confirmaron, durante el juicio, numerosas irregularidades en las entrevistas a los menores. Deluca, en este sentido, denuncia que la manipulación y el accionar indebido de la Secretaría de Niñez no solo violaron derechos fundamentales de las niñas, sino que también afectaron profundamente el desarrollo del caso.
Falta de ética
La segunda denuncia, dirigida al Colegio de Abogados, está motivada por una presunta «incompatibilidad profesional» y falta de ética de las abogadas Taboada y Walker Torres, quienes, según Deluca, actuaron en beneficio de intereses cruzados.
Como pruebas, la denunciante incluyó documentación que muestra que ambas representaban legalmente a la fiscal Del Río Ayala y la abogada Celeste Minitti en el periodo previo a que iniciara el proceso judicial contra su esposo.
Esta actuación, según argumenta, fue no solo irregular, sino un uso inapropiado de un organismo público en un juicio de tanta sensibilidad social.
Daños irreparables
«Es escandaloso lo que ha pasado aquí, desde todo punto de vista», expresó Deluca, quien remarcó que sus presentaciones no buscan defender su posición como esposa del absuelto, sino alertar sobre los posibles daños irreparables que este tipo de abordajes causan a los menores.
«Más allá de lo que pudiera pasar con el acusado, el daño causado a los niños es incalculable. Esperamos que esta denuncia impulse una revisión seria y profunda en los métodos y protocolos de actuación de quienes deberían proteger a los menores en situaciones tan delicadas», concluyó.
fuente: El Litoral
