Este viernes fueron imputadas varias personas por integrar una asociación ilícita vinculada al narcotráfico pero investigada en la Justicia provincial por delitos conectados con ese trasfondo. Entre los acusados estuvo Lisandro «Licha» Contreras, también conocido como «Limón» y detenido recientemente en un country de Buenos Aires. Lo sindican como jefe de una de las facciones de una organización criminal que se desprendió de Los Monos en 2023. En la audiencia se expuso que gozaba de protección institucional, lo que le permitió mantenerse libre y alejado de la violencia generada por las disputas de su banda con otros grupos.
La magnitud de esta causa se comprende en dos aspectos. Por un lado el resultado de esta investigación, todavía abierta, que llevó a la detención de decenas de personas y a la identificación de líderes que comandaban desde la cárcel un grupo que estuvo detrás de muchísimos hechos sangrientos y atentados que generaron conmoción social y política. Por otro lado, quedó claro que la protección institucional habilitó a que personas de peso en la organización lograran mantenerse libres aún cuando ya habían sido identificados.
Tal es el caso de Lisandro Contreras. Investigadores policiales y judiciales tenían conocimiento de su vínculo con el crimen organizado al menos desde mediados de 2023, según se supo en la audiencia. Sin embargo no fue aprehendido hasta que su nombre comenzó a trascender públicamente hace poco más de un mes, cuando lo mencionaron en la investigación por el homicidio de Andrés «Pillín» Bracamonte, aunque por el momento no hay ningún elemento que lo conecte con ese hecho. Recién entonces se avanzó con su detención y la de otros miembros de la banda, mientras que otros todavía se mantienen prófugos, entre ellos el policía Jonatan Garraza.
Contreras fue detenido el 7 de diciembre al salir de un country de Pilar, provincia de Buenos Aires. Pero no es un lugar en el que se escondía o en el que permanecía como incógnito. La Justicia provincial sabía desde diciembre de 2022 que Contreras tenía un vínculo con ese domicilio, basado en un contrato de alquiler en el Country Náutico San Sebastián por 800 dólares mensuales.
Para entonces Contreras cumplía una condena dictada en 2015 por portación de arma y por robo calificado, por lo que la Cámara Penal lo había sentenciado a 6 años y 10 meses de cárcel. Tres años después el juez Julio Kuesani le otorgó la prisión domiciliaria en una casa de Cisneros al 5800, por lo que en 2022 su abogado solicitó que lo dejaran vivir en ese country y presentó la información del contrato, pero el pedido fue rechazado. Finalmente en agosto de 2023 la jueza Luciana Prunotto le dio la libertad condicional, momento en que Contreras fijó domicilio en Funes. Pero nunca dejó de ir al lujoso country donde finalmente lo capturaron a partir de la información que surgió de un celular secuestrado al policía Jonatan Garraza -que antes de quedar prófugo había sido demorado- en el que aparecieron registros de visitas a ese lugar.
Al comienzo de la audiencia la fiscal Georgina Pairola hizo hincapié en la connivencia policial que protegió a la banda. Dijo que del análisis de teléfonos secuestrados surgieron registros de «mensajes reenviados” en los que les informaban de allanamientos que se iban a realizar. También mencionaban que tenían indumentaria de la Agencia de Investigación Criminal. «Esta evidencia fue interpretada por los investigadores como revelador de una importante connivencia policial con la estructura criminal debido a que se cotejó estos avisos de allanamientos con información certera de requisas efectivamente practicadas», sostuvo la funcionaria.
El jefe Imputado
Pairola imputó a Contreras como jefe de una asociación ilícita en la cual compartía ese rol con otros hombres que están presos. Se trata de Leandro Vilches, Rodolfo Masini y Pablo Nicolás Camino, un grupo de reclusos de la cárcel federal de Rawson que estuvieron ligados a Los Monos pero que en 2023 se enfrentaron con otra facción de la banda. Así lograron desprenderse de esa estructura superior y consolidarse como una organización en sí misma autodenomina «La Mafilia».
La Justicia comenzó a investigarlos en mayo de 2023 tras el asesinato de Micaela Soledad Gómez, un crimen por error dado que el objetivo del ataque era Yolanda N., una amiga suya que estaba junto a ella. A Yolanda la quiso matar «La Mafilia» porque fue sindicada como quien entregó a Jorge «Porteño» Camargo, un miembro de la banda que había sido asesinado días antes. Investigando esos hechos la Justicia secuestró teléfonos que contenían información valiosa sobre el grupo, del cual algunos miembros ya fueron imputados.
Según expuso Pairola en audiencia, la organización en general se dedicó a distintos delitos relacionados al dominio territorial para la venta de drogas, cobro de alquileres de inmuebles usurpados y hechos violentos para sostener esas estructuras. En ese marco situó como jefes de distintas facciones a los tres presos en Rawson: el ya imputado Leandro «Gordo» Vilches, Pablo Nicolás Camino y Rodolfo «Eri» Masini. Los últimos dos no presenciaron la audiencia este viernes porque sus abogados reclamaron que no habían sido notificados a tiempo.
En el caso particular de Contreras se destacó que lideró una facción que también se dedicó al juego y apuestas clandestinas, sociedades fantasmas y maniobras con criptomonedas. Pero no les imputaron ningún delito más que el de asociación ilícita. Bajo sus órdenes la funcionaria identificó como «organizadores» de la banda a tres hombres que están prófugos: el policía Jonatan Garraza, Ramiro Escalante y Fernando Cappelletti. En un rango inferior ubicó como «miembros» a Ornella Lucía Di Petri, ex pareja de Contreras y detenida horas después que él, Jorge Andrés Fleitas y Emanuel Sebastián Cáceres, también capturados. A estos tres les atribuyó como delito pertenecer a una asociación ilícita, más allá del rol de cada uno, y el juez Pablo Pinto deberá este lunes confirmar la medida cautelar cuando se retome la audiencia luego de un cuarto intermedio.
Garraza y Gazzani
Quien no fue expuesto en la audiencia como parte del organigrama de la banda fue Matías Gazzani, otro prófugo de la Justicia que según consta en la investigación tiene fuertes vínculos con los miembros del grupo. Por otro lado se lo ubica como líder de la banda Los Menores, también mencionada en la investigación por el homicidio de Pillín Bracamonte aunque tampoco hay avances en ese sentido.
Entre las evidencias que sugieren que Gazzani tiene su propio peso en la banda hay una conversación que mantuvo por WhatsApp uno de los miembros del grupo ya detenido. Fue en junio de 2023 y le dice a un contacto: «Nosotros somos alta banda. Mati gasani, licha, nico camino, loro, peruano, el gordo vilche, eric masini». También hay registros de un viaje que Contreras y Gazzani compartieron en Pinamar, adonde llegaron junto a otras personas en autos de alta gama.
Uno de ellos fue el policía Jonatan Garraza, identificado por los investigadores casi en simultáneo con Contreras, con quien tiene un vínculo muy cercano. Ocurrió a mediados de 2023 tras una balacera a la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, donde los autores del ataque dejaron una nota que mencionaba, entre otros, a Matias Gazzani y a «Licha de Donado que está en Funes». Los pesquisas develaron que se trataba de Lisandro Contreras y que el mismo tenía «un familiar directo» en la Agencia de Investigación Criminal que se hacía llamar Jonatan Gavia.
Siguiendo esas pistas supieron que el 18 de febrero de 2022 Contreras había sido aprehendido en la comisaría 12ª, momento en el que se presentó un policía preguntando por él. Allí dijo llamarse Jonatan Garraza, dato que quedó registrado y tiempo después sirvió para identificar al agente que hoy se mantiene prófugo. Este viernes la fiscal expuso como dato llamativo que un día después de esa detención la seccional fue blanco de un atentado a balazos.
Garraza tiene pedido de captura, pero había sido demorado el 13 de noviembre pasado. Ese día agentes de la Tropa de Operaciones Especiales lo detectaron a bordo de un Audi A1 donde sospechaban que podía ir Contreras. El auto se dirigió a la casa de Ornella Dipietri, imputada este viernes. Los agentes identificaron a la mujer, a Garraza y a Ramiro Escalante, a quienes antes de darles la libertad les secuestraron sus celulares, que arrojaron información sobre los imputados ahora. La mujer fue detenida días después, pero Garraza y Escalante lograron permanecer prófugos.
Fuente: La Capital
