Un trabajo coordinado por la Provincia, la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones permitió este viernes el allanamiento de seis puntos de venta de materiales robados. Entre las más de 4 toneladas de metal hay cables, picaportes, placas de instituciones públicas y cementerios y elementos de bronce. Además, productos de los procedimientos, se secuestraron 2.500 dólares y 4 millones de pesos.
El operativo se desprende de un convenio que firmaron a principio de mes la Provincia y el Municipio rosarino para trabajar de manera conjunta en la inspección de chatarrerías y casas de compra y venta de repuestos del automotor usado.
El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó la importancia de trabajar en forma coordinada contra el delito. “Estos allanamientos son el resultado de mucho trabajo, mucho tiempo de investigación y esfuerzo de distintos actores, más de setenta personas participaron de estos seis allanamientos, y en todos hubo detenidos”, aseguró Bastia.
“Los materiales que se le roba a los vecinos luego son vendidos y acopiados en forma ilegal, y después desguazados, con lo que pierden su trazabilidad, pero quienes cometen estos ilícitos nunca van a poder justificar cómo consiguieron esos materiales”, agregó el ministro de Gobierno e Innovación Pública.
El funcionario amplió que, además de los materiales, “también se han encontrado armas de fuego y dinero en efectivo, lo que demuestra que el delito no se circunscribe ni tiene un solo alcance, y está conectado con otros ilícitos que se están investigando”.
Trabajo conjunto
Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que gran parte de los elementos robados pertenecen a empresas de servicio públicos como la Empresa Provincia de la Energía (EPE) y Litoral Gas. “Trabajamos con personal de las empresas de servicios para que identifiquen estos elementos que fueron robados y que tanto afectan a la población”, señaló el funcionario.
Figueroa destacó asimismo las tareas de inteligencia y el trabajo de calle de la Policía de Investigaciones: “Los resultados fueron muy positivos y están a la vista; se hizo un trabajo previo para ver los movimientos e identificar los lugares donde se comercializaban los elementos sustraídos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales.
El funcionario señaló que solo en el mes de enero hubo 500 denuncias de ilícitos de esta naturaleza a la línea 911 y destacó la actuación del Ministerio Público de la Acusación a través del fiscal Aníbal Vescovo.
“La cantidad de insumos encontrados es muy importante. Y hay que pensar que detrás de cada elemento hubo una persona que sufrió un robo, y hay cientos de rosarinas y rosarinos que se vieron afectados”, señaló.
“Apenas asumió este gobierno el 10 de diciembre, el gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, nos pidieron que rápidamente nos aboquemos a estas inspecciones; hoy hicimos varias, pero es una tarea que se va ir aceitando y se va a extender a todo el territorio provincial, porque el robo de cables es un delito que se está produciendo en muchos lugares de la provincia”, concluyó Figueroa.
El vicepresidente de la Empresa Provincia de la Energía (EPE), Lisandro Peresutti, valoró en forma positiva las acciones realizadas y la convocatoria de las autoridades para participar de los procedimientos. “Nos convocaron para venir a identificar los materiales, para nosotros es un paso muy importante poder desalentar estos robos, fundamentalmente por el costo que significa para la empresa, que es altísimo, además de lo que le genera a la población cada vez que hay un robo, que significa un corte del servicio para todos los vecinos”, señaló el funcionario.
Fuente: CFIN
