El allanamiento al dirigente de la Coalición Cívica (CC) de Pilar, Matías Yofe, generó un conflicto institucional que involucra a Elisa Carrió y al fiscal bonaerense Germán Camafreita, a cargo de la causa por presunta extorsión. El expediente se vincula de manera indirecta a la investigación sobre una mansión en Villa Rosa señalada por supuestos vínculos con la AFA.
Según un informe elevado por el fiscal a sus superiores del Ministerio Público bonaerense, Carrió se comunicó con él durante el procedimiento judicial para exigir explicaciones, hecho que fue dejado por escrito en un documento oficial.
El informe del fiscal y los llamados durante el allanamiento
De acuerdo con el escrito de Camafreita, la dirigente de la CC le habría advertido que “no sabía en lo que se estaba metiendo” y que podría terminar detenido. El fiscal consignó además que Carrió le expresó que iría “de forma despiadada” contra su accionar, según consta en el informe al que accedieron medios nacionales.
El funcionario judicial también dejó constancia de otros contactos recibidos ese día, entre ellos audios enviados por la abogada defensora de Yofe y una llamada que no llegó a atender desde un número identificado con el nombre del imputado.
La situación judicial de Matías Yofe
Yofe se encuentra imputado por el delito de extorsión, en una causa iniciada a partir de la denuncia de Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. El caso se desprende de las investigaciones por presuntas irregularidades en el sistema de la VTV provincial.
El viernes previo al cruce público, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Yofe en Villa Rosa. Carrió calificó esa medida como “un mensaje mafioso” y aseguró que el procedimiento buscaba obtener documentación vinculada a la denuncia contra la AFA.
El contenido de la denuncia por extorsión
Según el acta judicial, Ormeño declaró que Yofe se presentó en la puerta de su domicilio junto a un custodio y le ofreció dinero y protección laboral a cambio de información sobre exfuncionarios provinciales. En su testimonio, sostuvo que se le insinuó que podía perder su empleo si no colaboraba.
La denuncia fue radicada de forma virtual a fines de diciembre y ratificada ante la fiscalía pocos días después. También declararon familiares del denunciante y un testigo que aportó imágenes de una camioneta presuntamente involucrada en el hecho.
La respuesta de la Coalición Cívica
Desde la CC cuestionaron la rapidez del proceso judicial y denunciaron irregularidades en el allanamiento, entre ellas la falta de exhibición de la orden judicial y el trato recibido por la pareja de Yofe, que se encontraba en el domicilio al momento del operativo.
La abogada María Pace Wells sostuvo que no existían pruebas autónomas suficientes para justificar la medida y adelantó que el espacio político impulsará la nulidad del procedimiento.
La polémica por el teléfono celular
Tras el allanamiento, Carrió declaró públicamente que había aconsejado a Yofe deshacerse de su celular, afirmación que generó nuevas controversias. En la audiencia judicial, el imputado sostuvo que no tenía teléfono en ese momento, aunque luego aclaró en redes sociales que nunca negó su existencia.
La Justicia ordenó la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados para analizar mensajes y llamados relevantes para la investigación, una medida que sigue bajo revisión judicial.
