Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron nuevas pruebas para intentar revisar la condena en la causa Vialidad. El equipo, integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, anunció que llevará el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La defensa sostiene que un informe técnico sobre los fondos administrados por la Dirección Nacional de Vialidad aporta elementos que, a su criterio, cuestionan la hipótesis de que el decreto 54/2009 haya sido utilizado para beneficiar deliberadamente al empresario Lázaro Báez.
El dato del 0,85% de los fondos
Durante una conferencia de prensa, los abogados exhibieron un estudio elaborado por Specs Consultoría. Según ese informe, las empresas vinculadas al Grupo Austral recibieron el 0,85% de los fondos asignados a través del fideicomiso de transporte o SISVIAL.
La defensa indicó que el mecanismo administrado por Vialidad movilizó más de 2.000 millones de dólares durante el período analizado y que los desembolsos destinados al Grupo Austral superaron los 18,6 millones de dólares.
Para Beraldi, estos datos cuestionarían uno de los argumentos utilizados en la sentencia. El abogado sostuvo que el decreto firmado en 2009 era una norma de alcance general y que el porcentaje recibido por las empresas de Báez no demostraría un mecanismo destinado exclusivamente a favorecerlas.
Según los abogados, la empresa que recibió la mayor cantidad de fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA, vinculada al empresario Ángelo Calcaterra.
Qué busca la defensa con el recurso de revisión
La estrategia judicial contempla la presentación de un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa pretende que se analicen los nuevos elementos y que, eventualmente, se suspendan los efectos de la condena.
Beraldi afirmó que la presentación podría utilizarse para solicitar la suspensión de la sentencia mientras se analiza el planteo. El objetivo expresado por el equipo legal es revertir la condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En paralelo, los abogados anunciaron que incorporarán la documentación al planteo que tramita ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El origen de la información
Según explicó la defensa, el análisis comenzó a partir de la declaración de un funcionario de Vialidad en otra causa judicial. El testimonio permitió acceder a información sobre la distribución de los fondos del fideicomiso entre distintas empresas.
Los abogados señalaron que esa base de datos fue posteriormente analizada para establecer cuánto dinero recibió cada compañía durante el período comprendido entre 2009 y 2015.
La defensa sostiene que en el juicio había solicitado una pericia contable para determinar el destino de los fondos, pero que ese pedido fue rechazado durante las distintas instancias judiciales.
La respuesta desde Comodoro Py
La interpretación de la defensa no fue compartida por un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa. Según consignó Infobae, el funcionario señaló que el argumento sobre la distribución nacional de los fondos ya había sido planteado y rechazado en distintas oportunidades.
Además, remarcó que el juicio por la causa Vialidad estuvo centrado en la obra pública de Santa Cruz. De acuerdo con esa postura, en esa provincia las empresas de Lázaro Báez concentraron una proporción muy superior de las obras analizadas.
La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por su defensa. Actualmente cumple una pena de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La nueva estrategia judicial buscará ahora que los tribunales analicen los elementos presentados por la defensa y determinen si corresponde abrir una instancia de revisión de la sentencia.
