El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de reforma laboral después de haber resignado 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original incluida en la Ley Bases. La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada es la que presentó al cierre de 2024 la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei y que volvió a ser noticia el lunes post elecciones legislativas.
En un video subido a sus redes sociales, la legisladora rosarina, cuestionó la oposición a la propuesta y en cambio, aseguró que promoverá el empleo en el país. “Con qué cara critica el kirchnerismo la reforma laboral?”, comenzó el mensaje.
“Si en Argentina no se crean empleos privados desde 2011. Catorce años de estancamiento en total. Por eso ingresé la reforma laboral hace un año pero ahora va a ser mucho más completa. ¿Porque saben que crecieron en estos años? El empleo público, los planes, la pobreza. ¿Por qué fue? Porque contratar a alguien se volvía un riesgo de un juicio laboral, que termina fundiendo a la pyme”, señaló.
Y continuó, desde lo que parece el interior de su casa: “Pero esta reforma laboral que impulsa Javier Milei busca cambiar las reglas: menos trabas, menos juicios, más trabajo genuino. Se termina el miedo a dar empleo”.
Para la libertaria, a través de la reforma oficialista, “las pymes van a poder crecer. Y el trabajador va a poder elegir dónde y cómo trabajar” y determinó: “No se trata de quitar derechos, se trata de liberar el trabajo, porque si el Estado se corre, el país se levanta”.
Esta propuesta sigue los lineamientos de la denominada Ley Bases, y apunta a “institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado”.
La iniciativa de Diez, que cuenta con el respaldo del bloque libertario, apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones, la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente.
Sin embargo, en la letra chica reproduce algunos de los artículos del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)70/23, que fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema.
Entre alguno de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.
Fuente: Infobae
