El legajo disciplinario sobre el fiscal Matías Edery, de la ciudad de Rosario, que tiene en su poder la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa -y que aún no ha votado su avocamiento- dispara otras preocupaciones de diputados y senadores al interior del Ministerio Público de la Acusación.
Una es particularmente curiosa y pone en aprietos a la fiscal regional de Rosario, María Irribarren. Más, porque en esa materia ha ordenado suspender todo la fiscal general María Cecilia Vranicich, al saber de las originalidades del procedimiento empleado.
Se trata de la invención (no cabe otro término) de un «registro de informantes» por parte del fiscal Edery que elevó a su superior, la Dra. Irribarren, con que buscó seguramente salvar la laguna legal que existe en Santa Fe respecto de esa figura. Está aceptada por ley y reglamentada de modo muy riguroso a nivel nacional, pero en Santa Fe no se hizo lo mismo: no hay una ley de adhesión, ni una norma interna del MPA a la que atenerse. Y sin embargo, Irribarren aceptó en 2021 un registro creado por Edery.
El tema es nuevo respecto de los extremos más conocidos por los que el auditor general del MPA elevó a la Legislatura la decisión de qué hacer con el fiscal, les pasó la pelota como manda le ley cuando están en juego «faltas graves».
En términos técnicos Leandro Mai se «inhibió» de resolver porque de probarse los hechos de los que se acusa a Edery no bastaría con el máximo correctivo que puede aplicar el propio órgano acusatorio, de 60 días. Por eso, como los legisladores santafesinos se reservaron el control directo de las inconductas más serias de fiscales y defensores el tema se ventila en los permeables pasillos del Palacio Legislativo.
En otras palabras, además de sorprenderse por el nivel de confianza en el trato y el intercambio de información entre el fiscal y Mariana Ortigala, hoy bajo prisión por integrar la banda de Los Monos, los legisladores de Acuerdos están asombrados por algunas decisiones tomadas en Rosario al menos desde 2021.
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Ese año, sin más, fue creado en el ámbito de la fiscalía regional el registro de informantes que, por ejemplo, a nivel nacional tiene protocolorizados cada paso para salvaguardar a quienes colaboran con la justicia y a los propios fiscales de eventuales conductas reñidas con la ley. Aquí hubo bastante más flexibilidad y creatividad.
El asunto es parte de las cuatro cajas con información que se giró a los ocho diputados y los senadores que integran la bicameral. Los que asistieron el miércoles 4 a la reunión con Mai (algunos se conectaron de manera virtual) pudieron recibir una impresión que asusta: la «gravedad institucional» admitida por la nueva titular del MPA refiere a las casi quince denuncias cruzadas entre fiscales en tan solo un par de semanas… Hay dentro de esa institución judicial un «quiebre» en las relaciones interpersonales que no parece tener remedio. «Dos bandos», señaló oportunamente Vranicich y la misma impresión tienen ahora los legisladores de distintas bancadas.
Detalles
El «Registro de Informantes» se creó en 2021, de manera unilateral e inconsulta y lo puso en conocimiento de la por entonces fiscal regional a cargo Irribarren (1). Pero desde el MPA nunca se había emitido ninguna directiva al respecto, no se había instituido ni diseñado una normativa interna. Tampoco, claro hay aún hoy una adhesión de Santa Fe a la Ley 27.319. Antes del escándalo Edery, la nueva fiscal general (que antes fue auditora) ordenó terminar con esa herramienta para las investigaciones.
Otro dato que surgió del encuentro de más de tres horas es que Iribarren no formuló ninguna observación ni prohibición al respecto. Y que lo mantuvo bajo su exclusiva órbita hasta septiembre de 2023, cuando elevó a la Fiscalía General los antecedentes y la solicitud para que se lo reglamente… Dos años y pico después, sin controles, normativas ni protocolos.
En la reunión informativa, a puertas cerradas en la presidencia del Senado, el auditor entendió que fue «arbitrario y discrecional» el uso de la figura del informante, y del registro por parte de Edery. Por ejemplo: a nivel nacional se establece que el flujo de datos es unidireccional, del colaborador a la investigación judicial. De ningún modo hay un intercambio, que sí tenía lugar según la denuncia aportada por la auditoría.
Las declaraciones judiciales de distintas causa permiten concluir -según se expresó en ese encuentro- que la informante Mariana Ortigala sabía de allanamientos, el estado de las causas, etc, producto de ese ida y vuelta.
Y tampoco había reportes completos sobre la información que llegaba a Edery. Un caso puntual habla de datos que pudieron servir a otros fiscales en investigaciones paralelas, que no fueron aportados al menos formalmente. Sobrevuela un término grave: encubrimiento. Lo mismo, cuando Ortigala le dice a Edery que un abogado defensor del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti es en realidad su socio. Nada de eso se investiga, aún teniéndolo como imputado.
(1) El pliego como fiscal regional de Rosario de María Irribarren fue aprobado por la Asamblea Legislativa del 13 de abril por unanimidad. Antes fue nombrada «a cargo» de esa responsabilidad al renunciar su anterior titular, Patricio Serjal, tras ser acusado de recibir coimas (en complicidad con Gustavo Ponce Asahad) en la causa del juego ilegal que comenzó con la detención del empresario de las apuestas clandestinas Leonardo Peiti. Se trata de la conocida causa por la que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pretendieron imputar al senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) quien se refugió en sus fueros. Solo 4 senadores votaron en 2020 por quitarle esa protección que, en la sesión de este 21 de septiembre el legislador reelecto pidió poder renunciar, y así defenderse de las acusaciones en su contra. El tema aún no ha sido resuelto en la Cámara alta.
Fuente: El Litoral
