Al quinto día de audiencias que provocaron un escándalo institucional en la Fiscalía, la jueza de garantías María Trinidad Chiabrera resolvió que ocho de los nueve acusados por una serie de extorsiones al dueño de agencias de loterías El Califa queden en prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años. Las extorsiones, cometidas entre 2021 y 2023, tenían como objetivo el cobro de un millón y medio de dólares en concepto de “protección” y entre los acusados está el condenado como jefe de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero. A pesar de la gravedad del asunto, la resolución de la jueza quedó en un segundo plano a partir de la rueda de prensa que brindaron al finalizar el trámite los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes refrendaron la acusación contra su par Matías Edery. Lo señalan por mantener un vínculo “inapropiado” con Mariana Ortigala, una de las imputadas y testigo protegido en la causa que terminó con la condena a perpetua del narco Esteban Lindor Alvarado.
“En una situación como esta, si Edery no fuese un funcionario público y un compañero de trabajo, le hubiéramos dicho que las explicaciones que pretendía dar tendrían que haber sido acompañadas por un abogado defensor. Justamente porque se trata de un compañero de trabajo, en el ámbito institucional entendimos que lo más prolijo era no reunirnos. No tener ese tipo de reunión”, explicó el fiscal Moreno ante la consulta de por qué no aceptaron una explicación de Edery y de la fiscal regional María Eugenia Iribarren sobre los términos en los que Mariana Ortigala estaba dentro de una lista de informantes del fiscal cuestionado.
Respecto a si una audiencia oral y pública era el ámbito adecuado para ventilar una serie de reproches jurídicos hacia Edery, Moreno dijo: “Entiendo que pueda ser opinable si la audiencia era el ámbito correcto para ventilar esa información. Nosotros no ventilamos acusaciones contra el doctor Edery. Las acusaciones se realizaron por los canales correspondientes. Es decir ante el auditor de gestión. Presentamos una denuncia por la posible comisión de hechos perseguibles de oficio por el Estado. Lo que se hizo en la audiencia era necesario para ventilar una peligrosidad procesal extrema”.
El propósito de esta exposición, según indicó, era que la magistrada Chiabrera receptara el planteo de los fiscales acerca de que estando en libertad Ortigala podría intentar entorpecer la investigación. “Es una persona que debía ser incluida en una asociación ilícita e imputada. Y que ya debía encontrarse detenida en función de los hechos que cometió. Cuanto más es posible o sospechable que se podía producir un entorpecimiento en función de esta relación, que consideramos inapropiada, entre un funcionario público y una persona que pudo haber sido informante. Pero que en la actualidad está vinculada a una banda criminal”, explicó Moreno.
Parte de un clan
“Ortigala es parte de la asociación ilícita del señor Cantero. Hay asociaciones ilícitas que se investigan en esta Fiscalía, casi todos ellas en el marco de la criminalidad organizada a cargo de fiscales que se especializan en Los Monos”, agregó Socca, en alusión a los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra. “Tienen un acabado conocimiento sobre la estructura de Los Monos y nos ha llamado la atención cómo nunca se dieron cuenta de que la señora Ortigala era miembro de esa asociación ilícita. Al menos en los tres meses de mi investigación encontramos que le sumó a su patrimonio catorce inmuebles. Por eso entendemos que no es una testigo protegida, sino una narco protegida”, agregó.
“Entendemos que pudo haber sido una testigo protegida y que pudo prestar información útil en el marco de la causa seguida a Esteban Alvarado. Pero creemos que debió cesar inmediatamente la protección como testigo cuando finalizó la causa. Ahí podría haber sido incluida como arrepentida en el marco de delitos cometidos por ella dentro de la estructura de la banda de Los Monos, que es la que pertenece en la actualidad. Tiene que estar imputada la señora Ortigala para poder tener el trato de arrepentida. Así sería la ubicación correcta de la señora Ortigala en atención a la vinculación criminal que tiene con Cantero”, redondeó Moreno.
En el ojo de la tormenta
Lo que colocó en el ojo de la tormenta a la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzó el lunes 11 de septiembre, un día después de que se dirimieran las elecciones a gobernador de la provincia, con una serie de 43 allanamientos en Rosario, Funes, Rafaela y otras localidades, además del penal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, contra una organización criminal que se había centrado en lograr que el dueño de la red de agencias de loterías El Califa pagara 1.500.000 dólares para poder trabajar sin problemas.
En la pirámide de la banda estaba Guille Cantero y por debajo dos células bien definidas. Una, integrada por Mariana Ortigala, ex testigo estrella en la causa contra Alvarado; su pareja Rodolfo Felipe; Lorena Córdoba —viuda de David Perona, conocido como el “rey del juego clandestino” en el oeste provincial— y Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón. Es la hermana de Brisa, protagonista de lo que se conoce como la “boda narco”, que al final de la fiesta en Ybarlucea se vio teñida de sangre por un triple crimen el 29 de enero de 2022. La Diabla, en medio del procedimiento en la casa en la que cumplía prisión domiciliaria por una causa federal, se tragó un chip de uno de los celulares que le habían secuestrado.
La otra célula estaba conducida por Brian Díaz, uno de los hermanos de Maximiliano “Cachete” Díaz. Cachete fue condenado hace un mes a 29 años cárcel por reclutar al sicario y conseguir vehículos para perpetrar el ataque extorsivo contra el Casino City Center en el que fue asesinado el apostador Enrique Encino, quien recibió un balazo cuando salió a fumar la noche del 11 de enero de 2020. Una semana después de los allanamientos, el 18 de septiembre, en el Centro de Justicia Penal (CJP) comenzaron a ser imputadas nueves personas. Cuatro de ellas ya estaban privadas de la libertad.
Guille Cantero, de 35 años y quien cumple condena en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, fue acusado por los fiscales Socca y Moreno como coautor de dos hechos de intento de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. Brian Ezequiel Díaz, de 31 años, encarcelado en Piñero, fue imputado como coautor de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma. Bladimir Andrés “Colo” Navarro, de 28 años, también preso en Piñero, fue a acusado por el mismo delito. Al igual que Kevin David Moreno, de 21 años, alojado en Unidad 16 en el límite con la ciudad de Pérez.
De testigo a imputada
En tanto que Mariana Ortigala, de 44 años, fue acusada por los delitos de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego y por la tenencia ilegal de un arma de guerra y un arma de uso civil, todo en carácter de coautora. Su pareja, Rodolfo Sebastián Felipe, de 50 años, fue imputado por los mismos delitos. Lorena Mireya Córdoba, de 35 años, fue acusada como coautora de tentativa de extorsión agravada. Y La Diabla Leguizamón, de 30 años, fue acusada por intento de extorsión agravada pero en carácter de partícipe primario, además de la destrucción e inutilización de objetos de prueba, resistencia a la autoridad y amenazas.
Por último Gonzalo Iván Sarmiento, de 27 años, fue acusado como partícipe secundario de una tentativa de extorsión. Este fue el único de los imputados que, tras un acuerdo de partes, se fue de la sala de audiencia número 10 del CJP en libertad, bajo una serie de reglas de conducta que deberá cumplir a rajatabla. Así cerró el primer paso de una investigación penal que recién transita la etapa preparatoria, pero que promete continuar dando tela para cortar.
