El diputado del Frente Renovador-PJ, Oscar Martínez presentará en la Legislatura un proyecto de ley para crear una Oficina de Protección Inmediata (OPI) que tendrá como objetivo la protección de jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial ante casos de amenazas por parte de delincuentes imputados y/o condenados. También incluirá la protección a periodistas y trabajadores de prensa que cubran o investiguen hechos relacionados a delitos graves. Funcionará dentro del ámbito de la Corte Suprema de la provincia.
Consultado acerca de la propuesta, el legislador manifestó que “es innegable que en los últimos años estamos sufriendo la consolidación de una criminalidad más compleja y organizada a lo largo y ancho del territorio provincial. Balaceras contra propiedades privadas y públicas, amenazas telefónicas y hasta de manera personal, como lo hemos visto días pasados en una audiencia imputativa contra personas vinculadas al narcotráfico en Rosario. Jueces, Fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial se ven constantemente intimidados por delincuentes que están fuera y también dentro de las cárceles”.
“Sin ninguna duda -agregó- desde los tres poderes del Estado debemos reaccionar de una vez por todas ante este fenómeno y garantizar la plena libertad de actuación de los integrantes del Poder Judicial, y para ello es necesario generar las herramientas que permitan que esta protección sea eficiente y rápida. Por esta razón proponemos la creación en el ámbito de la Corte Suprema de la Oficina de Protección Inmediata –OPI – que tendrá a su cargo no solo el diseño de las políticas generales para la protección de estas personas, sino que elaborará un Protocolo de Actuación, reglas, manuales y recomendaciones que tengan como propósito generar condiciones de seguridad, libertad e independencia, que junto a otras medidas garantizarán el pleno ejercicio de la función judicial libre de cualquier presión”.
“Consideramos -continuó- que los magistrados penales deben desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad sin temer por sus vidas, su integridad, su seguridad y la de sus familias y colaboradores. El Estado les debe prestar las debidas garantías de protección a estas personas expuestas a riesgos por sus actividades vinculadas a la administración de justicia penal, a fin de preservar su integridad física y que no se vean afectados por amenazas, intimidaciones ni otro tipo de presiones. Dicha protección también se extenderá a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, productores y trabajadores de medios de comunicación que se vean expuestos a riesgos en ejercicio de sus funciones de informar en el ámbito de la administración de justicia penal y cuyas investigaciones puedan ser objeto de amedrentamiento y amenazas directas o indirectas.”
Martínez reiteró que la intención de su proyecto es básicamente brindar una herramienta que proporcione protección a Magistrados penales, miembros del Ministerio Público de la Acusación, miembros del Servicio Público de Defensa Penal, funcionarios, empleados y auxiliares del Poder Judicial, sus familias, así como a cualquier persona ligada al beneficiario que esté expuesta a riesgos por su intervención en investigaciones y procesos penales, alcanzando asimismo a las instalaciones judiciales. En el mismo sentido, dará protección -como señaló anteriormente- a periodistas y trabajadores de medios de comunicación que lo requieran por encontrarse en riesgo, debido al cumplimiento de su trabajo.
En cuanto al ámbito en el que funcionará la OPI, el legislador apuntó que “en el marco de las atribuciones y funciones que la Constitución de Santa Fe asigna a cada uno de los poderes del Estado, en su artículo 92 establece que la Corte Suprema de la provincia: representa al Poder Judicial provincial; ejerce la superintendencia general de la administración de justicia, que puede parcialmente delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria; dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial; dispone, según normas propias, de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la Ley de Presupuesto; propone al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de la administración de justicia; envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la administración de justicia; propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la administración de justicia; y ejerce las demás funciones que le encomiende la ley. Por lo que claramente es que corresponde a la Corte el ejercicio de las funciones que mejoren la administración de justicia y en este caso en particular la penal, por lo que es el organismo indicado para que funcione, en su ámbito, esta Oficina que estamos proponiendo”, finalizó Martínez.
