El gobierno provincial presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo 301 bis del Código Penal) en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, solicitando que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 273 sitios de internet.
La documentación, dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, está firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.
En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la Provincia de Santa Fe, ha advertido que 273 sitios de internet “permiten apostar al margen de la ley”, violando disposiciones del Código Penal así como la normativa vigente en materia de regulación del juego, y que no poseen la aprobación de la autoridad competente para comercializar dichos juegos.
Estos sitios posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, indica el documento, que afirma que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.
Otra pandemia
El vicepresidente de la Lotería, Di Lena, señaló sobre este tema que “vinimos a hacer esta presentación que ya veníamos conversando con la fiscal Vranicich. Hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó exponencialmente desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar”. “La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de chicos y adolescentes. La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”, señaló el funcionario.
Di Lena marcó como “oportuno” resaltar que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguna de los veinticuatro organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio “.bet.ar”, es ilegal”, aclaró.
Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.
Perjuicio al erario público
Por otra parte, el escrito menciona también que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar”, en consecuencia, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio a patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.
Se estima que el juego ilegal representa aproximadamente el 80% del juego en línea, ocasionando esta actividad un daño económico, ya que sólo por el canon que deberían abonar el perjuicio es superior a los $ 2.000 millones mensuales. “Adicionalmente, cabe destacar que la irregularidad de estas actividades escapan también a la acción fiscal del Estado al no aportar ningún tipo tasas o impuestos al mismo, incrementado aún más el monto estimado”.
Debido a esta situación, se solicitó al MPA la “imperiosa necesidad de clausurar / bloquear el acceso” de estos 273 sitios de internet, así como la clausura / bloqueo de “las cuentas bancarias con las que operan estos sitios de juego delictivo, previa investigación de las mismas”, y el “embargo del dinero allí depositado, prohibiendo cualquier operación de acreditación, débito, depósito o transferencia desde y hacia dichas cuentas, quedando el dinero secuestrado a disposición del Tribunal”.
