El exministro de Seguridad provincial radicó el trámite en el juzgado Laboral de 10ª nominación, a partir de la acusación en su contra
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó un recurso de amparo contra la provincia de Santa Fe por el pedido de suspensión que pesa en su contra al frente del Organismo de Investigaciones (OI), cargo al cual llegó por concurso y al que pretende volver a ocupar tras su paso por la cartera de seguridad.
El trámite judicial fue presentado ante el juzgado Laboral de la 10ª nominación, a cargo de la doctora Paula Calace Vigo y exige suspender la «retroactividad» de la ley Nº14.016, denominada ley «anti Sain».
El amparo presentado sostiene, a grandes rasgos, que no debe aplicarse de manera «retroactiva» a los hechos que se investigan en contra de Sain, al tiempo que vuelve a cuestionar la «intromisión» de la Legislatura dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Esta solicitud fue presentada a última hora de este jueves, a partir del dictamen emitido el miércoles de la semana pasada por la Comisión Bicametal de Acuerdos de la Cámara de Diputados, que acusa a Sain de «faltas graves» en el desempeño de ese organismo dependiente del MPA.
El grueso de la oposición plantea que el retorno de Sain a la titularidad del OI enfrenta “incompatibilidades manifiestas”. De regresar a su antiguo puesto, argumentan, el ex ministro quizás tendría que investigarse a sí mismo, o a sus hasta hace poco compañeros de gabinete.
La comisión de Juicio Político había autorizado a fines de marzo medidas de prueba en el marco del pedido de apertura del proceso contra Sain por presunto “mal desempeño de sus funciones”.
El cuerpo especial procuró obtener más información y, en ese sentido, convocó a los denunciantes y solicitó a los Poderes Ejecutivo y Judicial material ligado al ex funcionario. Incluso, sugirió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se abstuviera de habilitar el regreso de Sain al Organismo de Investigaciones (OI), desembarco que finalmente se concretó en abril.
En paralelo, y hasta su salida de Seguridad, Sain intensificó su contrapunto con el senador provincial del PJ Armando Traferri, bajo la lupa por la megacausa en la que se investiga el juego ilegal en territorio santafesino. Sin embargo, el tembladeral político que causó el 9 de mayo la muerte de Miguel Lifschitz —entonces titular de la Cámara baja— por coronavirus, retrasó, entre otros factores, la labor de la comisión.
Los diputados que integran el cuerpo resolvieron remitir a la comisión de Acuerdos y al Ministerio Público de la Acusación todo lo actuado respecto de Sain. “Lehmann no ratificó la denuncia ya que Sain no es más ministro. Entonces, es imposible seguir con el proceso de juicio político”, afirmó la oficialista Matilde Bruera. “En su momento advertimos que la Constitución de Santa Fe así lo preveía”, recordó.
A su turno, el frentista Joaquín Blanco subrayó: “Reunimos material que marca que la gestión de Sain fue ineficiente y que su presencia en el OI es de una incompatibilidad manifiesta, ya que tiene la posibilidad de investigarse a sí mismo”.
“Sain se fue del cargo con un pedido de juicio político, denuncias ante el Inadi por discriminación y xenofobia y denuncias penales por el intento de un proceso de licitación irregular para la compra de armas israelíes”, agregó el socialista.
El senador provincial Lisandro Enrico (UCR) fundamentó este jueves el pedido de suspensión de Marcelo Sain como titular del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por presuntas “faltas graves”, planteo que las Cámaras alta y baja tratarán en sesión conjunta el jueves próximo.
En ese sentido, la presidenta del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, formalizó la convocatoria a la sesión conjunta para el 1° de julio, a partir de las 13 y de modo presencial y virtual, para debatir el dictamen emitido el miércoles pasado por la comisión bicameral de Acuerdos respecto de Sain.
La comisión especial resolvió —por mayoría— avanzar con el proceso sancionatorio al titular del OI por supuestas “faltas graves”. Y solicitó a las Cámaras alta y baja suspender al ex ministro de Seguridad provincial por 180 días y retener el 50 por ciento de sus haberes.
