El Gobierno de Santa Fe intervino este lunes la Unidad Regional II de la Policía provincial tras una extensa investigación que reveló una red de corrupción en el área de abastecimiento de combustible. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció la medida y aseguró: “No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”.
La intervención se dio tras una causa por malversación de caudales públicos impulsada por la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional y la Subsecretaría de Control Policial, que derivó en 38 allanamientos —varios de ellos aún en curso— y 17 personas detenidas, de las cuales 13 son policías y 4 civiles. La causa apunta a una maniobra sistemática para desviar fondos públicos mediante el uso irregular de tarjetas de carga de combustible.
“Fue una investigación de diez meses. Se tomaron medidas, se impusieron protocolos, pero muchos fueron incumplidos. Con el aumento de móviles en calle, la maniobra se amplificó”, explicó Cococcioni. El ministro detalló que la URII será intervenida por 90 días, a cargo del director general Claudio Romano, reincorporado al servicio activo, y se realizará una auditoría integral en las áreas de movilidad y logística.
El fiscal regional Matías Merlo precisó que los hechos investigados “generaban perjuicio a la administración pública, con personal logístico apropiándose de dinero destinado a combustible”. Según el fiscal Caterina, la maniobra fue alertada por una denuncia anónima, y se calcula un desvío de al menos 45 millones de pesos. También se hallaron cerca de 300 tarjetas Visa Flota en domicilios particulares, que debían estar en poder de los choferes de patrulleros.
“La posición del Gobierno es clara: no hay lugar para la corrupción en la fuerza policial. La inversión en seguridad solo es efectiva con controles estrictos”, sentenció Cococcioni. La investigación continúa, con la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones.
