Una condena por delitos de lesa humanidad
La Justicia Federal avanzó en una nueva condena vinculada con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Eduardo Enrique Riuli recibió una pena de 15 años de prisión por los hechos investigados en la causa, y al unificarse esa sanción con una condena anterior, correspondiente a la Sentencia N.º 75/21, se estableció una pena única de 18 años de prisión, además de inhabilitación absoluta y perpetua.
Riuli es uno de los expolicías de inteligencia investigados en el denominado juicio “Laguna Paiva” residual, que analiza delitos cometidos contra 34 víctimas, entre ellos privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, violaciones de domicilio y otros delitos vinculados con el terrorismo de Estado.
La investigación judicial forma parte de un proceso que busca reconstruir hechos ocurridos principalmente durante 1980 y que tuvieron como víctimas a personas oriundas de Laguna Paiva y de otras localidades de Santa Fe.
El impacto de la condena en Laguna Paiva
La sentencia vuelve a colocar el apellido Riuli en la conversación pública de Laguna Paiva, una ciudad con una fuerte identidad ferroviaria y una historia atravesada por los acontecimientos políticos y sociales de las últimas décadas.
En la localidad persisten cuestionamientos y recuerdos vinculados con el paso de Eduardo Riuli por la Policía. Esos testimonios pertenecen al ámbito de las percepciones y relatos de vecinos y no deben confundirse con hechos establecidos judicialmente, más allá de las conductas que sí fueron materia de investigación y condena.
La causa judicial representa, para familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, una instancia de reconocimiento de hechos que durante décadas permanecieron bajo investigación.
El vínculo familiar con la actual conducción del aeropuerto
El apellido también está asociado actualmente a una funcionaria provincial. Gisela Riuli, hija de Eduardo Enrique Riuli, es presidenta del Directorio del Aeropuerto Internacional Sauce Viejo, según la información oficial del Gobierno de Santa Fe.
La funcionaria participa desde hace años de la gestión de la terminal aérea y ha encabezado distintas iniciativas vinculadas con la conectividad, la logística y el desarrollo productivo de la región. El Gobierno provincial la identifica oficialmente como presidenta del ente aeroportuario.
La condena contra su padre, por lo tanto, genera inevitablemente una repercusión pública sobre un apellido conocido en la región. Sin embargo, la responsabilidad penal es individual y una condena contra un familiar no implica responsabilidad alguna para sus hijos o parientes.
Una historia que vuelve a interpelar a la ciudad
El avance de las causas por delitos de lesa humanidad permitió que hechos ocurridos durante la última dictadura fueran investigados judicialmente muchos años después.
En el caso de Laguna Paiva, el proceso actualmente en trámite aborda delitos cometidos contra 34 víctimas y tiene entre sus imputados a exintegrantes de la estructura policial y de inteligencia de la época.
Para una comunidad que durante décadas convivió con protagonistas de aquella etapa histórica, las sentencias representan también una instancia de revisión de su propia memoria colectiva.
La condena a Eduardo Enrique Riuli constituye así un nuevo capítulo judicial de una causa que atravesó distintas etapas y que, con el paso del tiempo, continúa exponiendo responsabilidades vinculadas con el terrorismo de Estado en Santa Fe.
