Los teléfonos se convirtieron en una prueba clave para la causa que investiga la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. En los últimos trece meses, se secuestraron más de 100 celulares. Algunos de ellos, como el de la secretaria María Cantero, aportaron pruebas determinantes sobre las maniobras para elegir a los brokers. El nuevo juez de la causa, Sebastián Casanello, espera el resultado de esas pericias y sigue recolectado información en distintos organismos antes de resolver si procesa a los principales imputados.
Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa, hasta ahora se secuestraron un total de 107 teléfonos. Muchos de ellos pertenecen a ex funcionarios y empresarios involucrados en el escándalo. Aunque la mayoría de los celulares llevan meses en poder de la Justicia, todavía hay 40 que no lograron abrirse. “Hay 30 en poder de la PSA para intentar desbloquear y otros 10 en los que se aguarda la actualización de software (del programa UFED)”, explicó uno de los investigadores. En ese último lote se destaca el celular de Daniel “El Gordo” Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos.
A esos 40 teléfonos, se le suman otros cuatro más a los que directamente no se pudo acceder y ahora se optará por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que dependen de la Procuración General de la Nación.
Justamente, ese organismo fue elegido por el juez Julián Ercolini para analizar el celular y y un Ipad del ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género. Esos aparatos estaban secuestrados desde agosto del año pasado y quedaron resguardados en una caja fuerte de la Fiscalía.
Ercolini pidió que se extraigan todas las conversaciones entre Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes, y Facetime. Y también los diálogos del ex presidente con la mamá de su ex pareja, Verónica Verdugo Yañez. “La extracción comenzó esta semana pero llevará varios días”, anticipó una fuente de esa causa.
Los teléfonos fueron determinantes desde el comienzo de la causa Seguros. El más importante fue el de María Cantero, donde se encontraron conversaciones con Alberto Fernández. En uno de los diálogos más destacados se mencioaban los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, fue la respuesta del ex presidente.
Cuando declaró ante el juez Ercolini, Fernández intentó explicar esa frase: “El ‘ya me ocupo’ consistió en llamar al Canciller (Santiago Cafiero) y preguntarle si había algún problema con el seguro de Provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ése es el sentido de lo que hablé y del ‘ya me ocupo’”.
Casanello decidió profundizar esa línea de investigación. Esta semana, le pidió a la Cancillería más información sobre la decisión que se tomó el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART.
El juez también le reclamó a Provincia Seguros y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo que informen “si se emitieron pólizas de seguros con intermediación de “Héctor Martínez Sosa y Compañía SA y en las que fueran tomadores la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, la firma “Fabricaciones Militares Sociedad del Estado”, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, o el Servicio Penitenciario Federal».
En los teléfonos de Cantero también se encontró una foto del ex presidente y Martínez Sosa en la quinta de Olivos. La escena fue retratada el 3 de julio de 2021 en el despacho del intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, un hombre de estrecha confianza del ex presidente y del broker Héctor Martínez Sosa.
Rodriguez es una pieza clave para el rompecabezas. Por eso, hace diez días, el juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que elabore un amplio informe sobre su patrimonio. Eso incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones, y cualquier otro dato relevante que figure en las bases de ese organismo.
En el expediente también aparecen conversaciones del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de Osvaldo Alfredo Tortora, un empresario que figura como presidente de Bachellier, la empresa que cobró $1.665.741.081 en comisiones durante el gobierno de Alberto Fernández.
Hace tiempo que no se conocen nuevos chats. ¿Por qué? En los últimos meses, las conversaciones de los teléfonos se resguardaron en un legajo reservado. Por ese motivo no trascendió el contenido de los teléfonos de Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández. “No se encontró nada relevante”, dicen en Tribunales.
La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación antes de tomar la decisión final.
Fuente: Infobae
