Luego de la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, realizó un balance del trabajo legislativo y subrayó el perfil institucional que, según indicó, distingue a la política provincial en el contexto nacional.
“En un momento de la política del país marcado por la crispación, la política santafesina se diferencia por su predisposición al diálogo y a la búsqueda de consensos”, afirmó la legisladora, al evaluar el funcionamiento del Poder Legislativo durante el año.
Balance del año legislativo en Santa Fe
García destacó que a lo largo del período se aprobaron más de 60 leyes, algunas de ellas con sanción definitiva del Senado. En ese marco, explicó que durante 2024 se registró una fuerte iniciativa del Poder Ejecutivo, especialmente en temas vinculados a seguridad, justicia y producción.
En contraste, señaló que durante el último año se evidenció una mayor iniciativa de los legisladores, con proyectos orientados a problemáticas territoriales y demandas locales.
La reforma constitucional y su impacto institucional
La presidenta de la Cámara baja calificó a 2025 como “un año intenso para la democracia santafesina”, debido al proceso de reforma constitucional desarrollado entre julio y septiembre. Durante ese período, el Poder Legislativo fue sede de audiencias públicas, trabajo en comisiones y sesiones plenarias de la Convención Constituyente.
“Fueron meses de trabajo intenso que dejan una gran responsabilidad para la Legislatura”, expresó García, al señalar que resta sancionar una veintena de leyes que permitirán aplicar los cambios introducidos en la nueva Constitución provincial.
Cambios en el funcionamiento legislativo
Entre los primeros avances derivados de la reforma, la legisladora mencionó la modificación del reglamento interno de la Cámara. El período legislativo dejará de comenzar el 1º de mayo y pasará a iniciarse el 15 de febrero, lo que, según explicó, permitirá una mayor actividad institucional.
Agenda legislativa prevista para 2026
De cara al próximo año, García anticipó que el desafío central será sancionar normas vinculadas a municipios, coparticipación, sistema electoral, partidos políticos, selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, además de la incorporación de nuevos derechos.
“Esa será la tarea que comenzaremos a trazar en 2026, con diálogo y compromiso institucional”, concluyó.
