La defensa de la fiscal apelará el procesamiento por encubrimiento. Este miércoles ingresa un pedido a la Comisión de Acuerdos para que investigen la actuación de Ferraro y si corresponde una suspensión o destitución
Este martes se conoció que la justicia federal procesó a la fiscal del MPA, Cristina Ferraro, por los delitos de «encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad en concurso real». Mientras que el resto de los imputados en la causa también fueron procesados por diferentes delitos. La defensa de la fiscal adelantó que apelará la resolución del juez Carlos Villafuerte Ruzo (a cargo del juzgado Federal Nº2 de Santa Fe). Sin embargo, este miércoles ingresará una denuncia en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura para que se investigue el accionar de Ferraro y si le corresponde alguna sanción.
En diálogo con UNO Santa Fe, Néstor Oroño, abogado defensor de la fiscal, dijo que apelarán el procesamiento que se conoció este martes. «Entendemos que no hay encubrimiento porque lo que se le atribuye a la doctora es haber permitido que se oculten elementos relacionados, no al delito de homicidio, sino al delito de intermediación no autorizada en el mercado financiero que habría estado cometiendo en vida el señor Oldani. Nosotros entendemos que no».
Sin embargo, con los pasos que dio la justicia federal en las últimas horas, el diputado Leandro Busatto ingresará un pedido a la Legislatura para que la Comisión Bicameral de Acuerdos –que tiene a su cargo el juzgamiento de fiscales del Ministerio Público de la Acusación– se aboque a investigar la actuación de la fiscal en la causa en la que se la acusa de encubrimiento agravado por ser funcionaria y abuso de autoridad.
Oroño le dijo a UNO Santa Fe que desconoce la situación administrativa de la funcionaria del MPA debido a que sólo interviene como defensor penal de Ferraro. En ese sentido, el letrado aseguró que se apelará la resolución judicial ya que, a su entender, su defendida no cometió los delitos de los que se la acusa.
«Es verdad –reconoció Oroño– que el dinero que estaba en el lugar no se secuestró. Pero en la investigación que llevaba adelante la doctora Ferraro por el delito de homicidio se recabaron pruebas, evidencias que permitieron descubrir e investigar el delito de intermediación no autorizada. Por lo tanto, entendemos que no hubo encubrimiento. Eso es lo que vamos a sostener en la apelación».
Al ser consultado sobre si la faltante del dinero no complica la investigación, Oroño aseguró que eso no es así porque «se aportaron otros elementos de prueba como las fotografías, el teléfono del señor Oldani que permitieron la investigación de este delito por el cual se imputó a numerosas personas, se los procesó, se requirió la elevación a juicio de todas las personas que supuestamente participaron con Oldani en esta actividad que se considera delito, que es la intermediación no autorizada en el mercado financiero».
«No hubo encubrimiento, no hubo intención de ocultarlo. Por otra parte, la doctora Ferraro lo desconocía; ella fue a investigar un homicidio, no una supuesta actividad financiera del señor Oldani», sostuvo Oroño.
La Comisión de Acuerdos deberá determinar si hay elementos para investigar la actuación de la fiscal Cristina Ferraro en la causa Oldani y si recomienda o no la suspensión o la destitución de la funcionaria del MPA.
La Comisión de Acuerdos deberá determinar si hay elementos para investigar la actuación de la fiscal Cristina Ferraro en la causa Oldani y si recomienda o no la suspensión o la destitución de la funcionaria del MPA.
A partir del pedido de investigación que ingresará este miércoles a la Comisión de Acuerdos, a Ferraro se le abre un nuevo frente. La comisión compuesta por ocho diputados y cuatro senadores, que este año preside el senador Joaquín Gramajo, deberá determinar si existen elementos para llevar adelante una investigación. Si así lo considera procederá a designar un miembro acusador que llevará adelante la tarea de recabar las pruebas, se citará a Ferraro para que ejerza su defensa y luego emitirá un dictamen que podría solicitar su suspensión y hasta la destitución de su cargo. Luego será la Asamblea Legislativa, con los 50 diputados y 19 senadores, la que vote.
