El TOF 4 también sentenció a sus hijos Martín y Leandro a nueve y cinco años de prisión, respectivamente. El valijero Leonardo Fariña recibió una pena de cinco años.
La Justicia condenó a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez en el juicio por La Ruta del Dinero K, una de las causas de corrupción durante el kirchnerismo más emblemáticas, que se inició a partir de una investigación de Periodismo Para Todos (PPT). Báez fue sentenciado por el delito de “lavado de activos agravado”, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y ordenado a pagar la “multa de ocho veces el monto de las operaciones”. El fiscal Abel Córdoba había pedido esa condena para el empresario, acusado de haber lavado unos US$60 millones entre 2010 y 2013. Báez está detenido hace cinco años, y desde el 2020 cumple prisión domiciliaria.
El proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 4 empezó en octubre de 2018 y condenó también a Martín Báez (nueve años de prisión) además de Leandro (cinco años), Luciana y Melina Báez (ambas con tres años, con cumplimiento en suspenso). Además de el valijero Leonardo Fariña (cinco años, con una reducción de tres por su colaboración como arrepentido), el abogado Jorge Chueco (ocho años), el contador Daniel Pérez Gadín (ocho años), Fabián Rossi (cinco años), y el financista Federico Elaskar (cuatro años).
El empresario fue detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello el 5 de abril de 2016, cuando aterrizó en el aeropuerto de San Fernando proveniente de Santa Cruz, ante la sospecha de que podía fugarse. El titular de Austral Construcciones permaneció en la cárcel de Ezeiza desde ese momento con prisión preventiva, hasta que en septiembre de 2020 la Justicia le otorgó el arresto domiciliario.
El veredicto estaba establecido para dos semanas atrás pero debido a la “complejidad de la causa”, según afirmaron los magistrados, la fecha finalmente se fijó para hoy. Los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez explicaron sobre la lectura de la sentencia en que buscan tener un “conocimiento acabado” de la causa.
Todos los juzgados fueron acusados por el fiscal como presuntos coautores de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda conformada “para la comisión continuada de los hechos”. Además, el TOF 4 ordenó decomisar US$61.130.860, se informó en la lectura del veredicto.
El tribunal oral consideró que entre otros delitos el precedente fue lavado de dinero proveniente de la obra pública. Justamente el empresario es juzgado en otro proceso por el direccionamiento de contratos en Santa Cruz, en que está involucrada además la vicepresidenta Cristina Kirchner.
