Sin un acuerdo en el horizonte respecto de quién debe hacerse cargo del aumento para los trabajadores del sector, las empresas de colectivos ratificaron que no van a pagar el incremento y, de esta manera, desde la primera hora del viernes comenzará un paro que afectará a gran parte de las líneas urbanas en todo el país.
La medida de fuerza será llevada adelante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el sector oficialista de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezado por Roberto Fernández, y se sumará al cese de actividades convocado por la Lista Azul del gremio, que lidera el opositor Miguel Bustinduy, que alcanza también a varias provincias del interior y que se adelantó, al iniciar a las 16:00 de este jueves.
La disputa comenzó luego de la última reunión paritaria, en la que las autoridades nacionales concedieron el incremento que exigían los representantes sindicales y dijeron que una buena parte de esa suba debía ser aportada por las empresas de transporte, que se retiraron del lugar sin firmar el acuerdo.
Las compañías se negaron a avanzar con las negociaciones al sostener que no tienen los recursos económicos como para hacer frente a ese gasto, por lo que reclamaron una actualización del monto que reciben en concepto de subsidio estatal para poder pagar los sueldos con el aumento correspondiente.
“Algunas ya pagaron con aumento y hay otras que no pagaron, por esa razón, en las que se pagó se sale a trabajar y en las que no pagaron, los choferes no saldrán hasta que paguen el aumento acordado”, sostuvo Roberto Fernández en diálogo con Infobae.
Por su parte, la Lista Azul remarcó que “un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no solo para la región metropolitana de Buenos Aires”, por lo que lanzó su propio paro para todo el país “por tiempo indefinido” hasta que se cumpla su exigencia de una recomposición salarial desde enero, la cual debería ser de no menos de $400.000, según precisaron a este medio fuentes de ese sector.
En tanto, las empresas emitieron este jueves por la tarde un comunicado en el que ratificaron su postura de que “las escalas salariales dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación, no están homologadas y son ilegítimas” y que “no pueden pagar el aumento salarial que reclama el gremio”.
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“Al margen de las cuestiones legales, la economía de nuestras empresas está estrictamente regulada por el estado, con ingresos totalmente trazables; se integran actualmente el 12 % con lo que paga el pasajero y el 88% con las compensaciones tarifarias. El Ministerio de Transporte de la Nación calcula y dispone el pago los fondos de dichas compensaciones, las que, con excepción de los costos salariales, están calculados a precios de diciembre de 2022. Con la evolución de los precios de la economía del país y además atrasos en los pagos por parte del estado, las empresas están subsistiendo en primer término con una fuerte descapitalización y luego con endeudamiento, que llegó al límite de sus posibilidades”, explicaron las compañías.
El texto fue firmado por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros )C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.), la Cámara Del Transporte De La Provincia De Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.).
“Entendemos y compartimos los entendibles reclamos de los trabajadores, pero sin el cumplimiento de las obligaciones por parte del Ministerio de Transporte Nacional y a través de un acuerdo legal, resulta imposible para las empresas asumir este aumento salarial”, indicaron las entidades.
