Reino Unido reafirmó su respaldo a la actividad económica en Malvinas
El gobierno del Reino Unido difundió este martes una guía oficial destinada a empresas que realizan negocios en las Islas Malvinas, en medio de la creciente tensión con Argentina por la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur.
- Reino Unido reafirmó su respaldo a la actividad económica en Malvinas
- La advertencia británica a las empresas
- El conflicto por el petróleo y el proyecto Sea Lion
- Qué empresas están vinculadas al proyecto
- La respuesta de Argentina y el proyecto de Milei
- Quirno defendió las medidas argentinas
- Londres mantiene su posición sobre la soberanía
El documento fue publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico (FCDO) bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”. Allí, Londres sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro del archipiélago ni sobre las compañías o personas que desarrollan actividades allí.
La publicación representa una respuesta oficial a las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei durante las últimas semanas.
La advertencia británica a las empresas
En la guía, el Reino Unido afirma que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland y sostiene que las actividades económicas reguladas por las autoridades del archipiélago son legítimas.
El gobierno británico también recomienda a las compañías que reciban comunicaciones o advertencias de autoridades argentinas buscar asesoramiento legal independiente para evaluar cada situación.
Además, Londres anticipó que podría intervenir directamente si una empresa, subsidiaria o proveedor enfrenta presiones en terceros países como consecuencia de sus actividades en las islas.
La posición británica también señala que las sanciones aplicadas por gobiernos argentinos en el pasado no impidieron, según su interpretación, el crecimiento de la economía del archipiélago.
El conflicto por el petróleo y el proyecto Sea Lion
La disputa se intensificó a partir de los avances del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
El gobierno argentino considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona y anunció nuevas medidas contra empresas vinculadas al proyecto.
El 8 de septiembre, la administración de Milei inició expedientes sancionatorios contra 60 personas y empresas relacionadas con actividades petroleras en las islas. También presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, además de la canadiense JHI Associates y su accionista Eco Atlantic Oil & Gas.
Las medidas se apoyan en la Ley 26.659, modificada posteriormente por la Ley 26.915, y en el Decreto 868/2026. Entre las sanciones previstas figura la posibilidad de impedir que determinadas compañías operen en Argentina durante períodos de entre cinco y veinte años.
Qué empresas están vinculadas al proyecto
El desarrollo de Sea Lion está asociado al consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El proyecto contempla comenzar la extracción de petróleo en 2028 y prevé una primera etapa con una producción estimada de 170 millones de barriles.
La presión argentina también alcanzó a empresas proveedoras del sector. Tres grandes compañías internacionales de servicios petroleros, entre ellas Halliburton y Baker Hughes, descartaron participar del proyecto.
La situación adquiere especial relevancia por la posibilidad de que las empresas involucradas queden excluidas de negocios en Argentina, incluido el mercado de Vaca Muerta.
Rockhopper, por su parte, sostuvo que no espera que las nuevas medidas tengan un efecto significativo sobre el desarrollo de Sea Lion.
La respuesta de Argentina y el proyecto de Milei
La publicación británica se conoció 11 días después de que Javier Milei anunciara en cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a fortalecer la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
La iniciativa contempla endurecer las sanciones contra empresas que participen en actividades de exploración o extracción de hidrocarburos en zonas que Argentina considera bajo su jurisdicción.
El proyecto también podría alcanzar a proveedores, accionistas y directivos de las compañías involucradas, con restricciones para operar o celebrar contratos en territorio argentino.
El texto se encuentra actualmente bajo revisión de la Secretaría Legal y Técnica y el oficialismo espera enviarlo al Congreso durante esta semana.
Quirno defendió las medidas argentinas
El canciller Pablo Quirno sostuvo que Argentina está actuando dentro de su legislación y que las nuevas herramientas buscan fortalecer la defensa de los intereses nacionales en Malvinas.
“No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre una eventual protesta diplomática británica por las sanciones.
Quirno también respaldó el proyecto impulsado por Milei y manifestó su expectativa de que el Congreso lo apruebe.
En paralelo, el canciller destacó una declaración firmada por los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sobre el derecho a la autodeterminación de sus respectivas naciones. Según Quirno, ese pronunciamiento constituye “una excelente noticia” para la posición argentina, aunque evitó involucrarse en la discusión interna del Reino Unido.
Londres mantiene su posición sobre la soberanía
El gobierno británico reiteró en su guía que no tiene previsto discutir la soberanía de las islas, salvo que los propios habitantes del archipiélago lo soliciten.
Londres sostiene que el principio de autodeterminación permite a los isleños administrar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo las normas del Gobierno de las Islas Malvinas y en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
De esta manera, Argentina y el Reino Unido mantienen posiciones contrapuestas mientras crece la disputa por la actividad petrolera en el Atlántico Sur.
