El juez penal Nicolás Foppiani imputó a Omar Scarel por desobediencia a una cautelar que impedía la venta de acciones de la compañía.
El juez penal de primera instancia, Nicolás Foppiani, decidió este miércoles que el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, quede en libertad y para eso le impuso una caución de 500 mil dólares, en el marco de la audiencia en el cual el directivo quedó imputado por «desobediencia» a las cautelares que le prohibían disponer de las acciones de empresas vinculadas a la agroexportadora y vender activos de la misma.
Ayer la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario imputó a Scarel, por «desobediencia en grado consumado de dos órdenes judiciales de 2020». En esa instancia fiscal Miguel Moreno consideró que el directivo debía ser detenido por considerar que existía «riesgo procesal».
Sin embargo, el magistrado consideró que el imputado podrá seguir el proceso en su domicilio y le impuso la caución monetaria a cambio de dejarlo en libertad.
En el marco de la audiencia imputativa que se desarrolló hasta pasadas las 18 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Fiscalía fundó la imputación en la desobediencia del directivo de la agroexportadora a la disposición judicial de hace dos años que prohibía disponer de las acciones de empresas vinculadas y también vender activos por más de 50 millones de pesos.
La evidencia que presentó el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la Fiscalía, es una oferta de compra realizada por Viterra el 28 de abril por el 33,3 por ciento de acciones de Renova, por 310 millones de pesos y la contestación de Scarel sobre su aceptación en carácter irrevocable ese mismo día.
«Gran ilusionista»
El imputado decidió hacer uso de la palabra y dijo que “toda la documentación puesta en la propuesta consultar era para dar más información” y que sólo se activaba si el juez del concurso (Fabián Lorenzini) la homologaba y si previamente se levantaban las cautelares.
De este modo, Scarel aseguró “que no violaron” las medidas cautelares como indicó la Fiscalía.
Scarel solo contestó preguntas de la defensa y su argumentación se centró esencialmente en dejar claro que la propuesta que incluye el traspaso de acciones se conoce desde el mes de febrero y es ad referéndum del levantamiento de las cautelares.
En cambio, en duros términos el fiscal Moreno refutó los dichos del ejecutivo al señalar que “desde el falseó de balances hasta la fecha, Scarel es un gran ilusionista”, que se mostró “presentando apariencias, mostrando cosas de una realidad que no es”, indicó al hacer referencia a “balances falsos en la previa al default para engañar acreedores y maniobras para presentar a sociedades vinculadas como acreedoras y también para elegir un síndico figurativo en el nuevo directorio”.
Moreno recordó cosas que aparecieron en la audiencia imputativa del año pasado para mostrar que Scarel “es un experto en disfrazar hechos” y por tanto “debe ser detenido por el riesgo procesal”.
El hecho por el que hoy se imputa a Scarel haría caer la fianza dispuesta el año pasado por la Justicia.
Por su parte, el fiscal Sebastián Narvaja también integrante de la Fiscalía de Delitos Complejos, explicó en detalle la maniobra que realizó Scarel y que derivó en la imputación.
En una estrategia propia del Código Da Vinci, el fiscal buceó en la redacción del documento de la propuesta concursal para encontrar que Vicentin mezcló en la presentación los convenios marco firmados con los inversores estratégicos y el contrato de compraventa de acciones de Renova a Viterra.
En los primeros todo es válido después del acto de cierre cuando es homologado el concurso a fin de junio.
En tanto, el contrato de compra venta se considera válido diez días después de la fecha de cierre, que según el mismo es después de la aceptación de la oferta, a fines de abril. “Mete la venta en una narrativa confusa, en las filigranas de la propuesta concursal», dijo Narvaja.
También indicó que hay dos páginas tipo diccionarios de término “el diccionario de Scarel”, agregó Narvaja que permiten interpretar correctamente el texto. Planteó además que se trata de «un trabajo hermenéutico».
Al finalizar el cierre de la imputación, Moreno volvió a reiterar que “hay riesgo procesal” y por tanto solicitó la detención de Scarel.
Al respecto argumentó la figura de «riesgo procesal» al señalar que la defensa de los directivos de Vicentin pidió en varias oportunidades el levantamiento de distintas cautelares, que en muchas ocasiones fueron concedidas. Incluso recordó que les levantaron embargos a la compañía para vender activos y pagar deuda.
Con esto, el fiscal buscó dejar en claro que cuando quieren levantar las cautelares como corresponde, la empresa lo pide en sede judicial, y en el caso de la operación con Renova (que deriva en la imputación) no lo hicieron, de modo que esto “permite asegurar que hay riesgo procesal”, planteó Moreno.
Para sostener ese pedido Moreno invocó la prisión preventiva en el juicio a Cristóbal López por defraudación impositiva, oportunidad en la cual se conoció que vendió acciones cuando estaba inhibido.
Argumentos de la defensa
La defensa del presidente de Vicentin argumentó que la Justicia penal se mete en el derecho comercial, puntualmente en el concurso de acreedores de la empresa, sobre el cual le corresponde decidir al juez a cargo, Fabián Lorenzini.
“Promueven la investigación penal sobre una cuestión comercial a quince días de la fecha de homologación del concurso y además porque hay una acpetación de la propuesta que realizó Vicentin”, indicó el abogado defensor, Jorge Ilharrescondo.
También el defensor argumentó que esto es así porque entre los querellantes hay algnos que no aceptan la propuesta y pretenden trabarla, entre quienes apuntó a la Fiscalía y a la empresa Commodities SA, que es querellante en este proceso.
Al respecto los abogados de la defensa llamaron la atención sobre esta situación al señalar que en la audiencia imputativa sólo están presentes los representantes de Commodities _empresa del grupo Grassi_ pero no hay ninguno que represente a los bancos extranjeros, como tampoco Cuatro Hojas SA, otra de las compañías acreedoras. “Serían todos ignorantes si todo el mundo ve la propuesta realizada por Vicentin y no encuentra las observaciones que realizó la Fiscalía”, argumentaron los abogados.
Por otra parte, Guido Ferullo, del mismo estudio jurídico a cargo de la defensa de Scarel, argumentó que la propuesta concursal y el contrato de compra venta de las acciones de Renova no se pueden analizar en forma separada, como indicó la Fiscalía.
“Lo que manda y la base de cualquier interpetación es la propuesta concursal de Vicentin donde dice que está claro que cualquier operación que se realice estará condicionada a que se levanten las cautelares”, por lo tanto plantearon que “no hay peligrosidad procesal” como indicaron los fiscales. Atentos a eso solicitaron la revisión de la prisión preventiva de Scarel.
“Este es el concurso más controlado, hay 900 personas que dieron su conformidad a la propuesta y la única interpretación de que esto se trata de una maniobra para vender las acciones es la que realizó el fiscal y la parte querellante”, dijeron los abogados defensores.
Semana agitada
Scarel fue detenido el lunes luego de que la Fiscalía entendiera que incumplió la orden judicial de 2020 que le prohibió a Vicentin disponer de sus activos para evitar un vaciamiento.
Moreno imputó a Scarel al considerar que Vicentin comprometió el traspaso de las acciones de Renova, empresa procesadora de granos que creó en sociedad con la multinacional Viterra, como parte de una propuesta de cancelación de deuda a sus acreedores a pocos días de que venza el período de exclusividad del concurso y de cara al acuerdo de asociación estratégica con ACA, Viterra y Bunge.
Entendió que la venta de las acciones de Renova ya está “perfeccionada”, es decir ya se acordó. Y por eso ordenaron la detención de Scarel por “desobediencia” y ahora lo imputaron por esa figura.
