La información sobre la derogación de ley 27.551 de alquileres, aprobada por el Senado en junio de 2020 y que entró en vigencia en julio de 2020, comenzó a sonar este martes por la mañana en Buenos Aires tras una información salida del Palacio de Hacienda.
La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también «se debería detallar el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida».
«Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley», sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que «los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes».
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres «debe cambiar, pero no de cualquier manera».
«Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades», señaló el CPI.
La entidad consideró que la derogación por DNU de la aplicación de una Ley del Congreso «necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad», ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
«Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción», explicaron desde la entidad inmobiliaria.
Por eso, solicitó que se traduzca «no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos» en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
«La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad», completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que «la ley de alquileres, sancionada por el Congreso, sigue vigente. Modificarla por decreto sería inconstitucional».
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que «los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados».
