En otro capítulo de la disputa legal en EEUU por la expropiación de YPF, por la que Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones por la jueza de Nueva York Loretta Preska, quien además ordenó transferir las acciones del Estado en la empresa (51%) al bufete inglés Burford Capital, Argentina presentó una serie de documentos en los que se defiende.
“Argentina sigue dando pelea contrarreloj en la causa YPF y anoche presentó dos escritos. Continuamos esperando que la jueza Loretta Preska se expida sobre el pedido de suspensión solicitado y fortaleciendo lo que será la apelación formal a la sentencia de turnover de la semana pasada», destacaron desde la Procuración del Tesoro, el ente oficial que ejerce la defensa del Estado.
“En lunes 7, los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge presentaron su oposición al pedido de suspensión del turnover efectuado por Argentina. En el escrito de Petersen/Eton se cita y acompaña transcripción traducida de la conferencia del Gobernador Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”, señaló
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“Naturaleza excepcional del caso y cuestiones legales sin resolver: no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de USD 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de EEUU discrepa con la decisión del tribunal”.
“Daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento: la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”.
“Ausencia de perjuicio para los demandantes y fuerte interés público en mantener el statu quo: los demandantes no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados —como las provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público".En su escrito de respuesta al fondo Bainbridge, Argentina señaló que la orden judicial firmada por la jueza Preska implicaría una alteración sustancial del statu quo legal, político y operativo. Según el argumento del Gobierno, ejecutar la transferencia de las acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon —como paso previo a que queden bajo control de Burford Capital— no solo implicaría violar la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, sino que también generaría consecuencias legales y contractuales irreversibles en la estructura financiera de la petrolera.
“La República sería despojada de su participación mayoritaria en YPF”, advirtió el escrito. Ese cambio de control, afirmaron los abogados del Estado, activaría cláusulas de deuda contenidas en los instrumentos financieros de YPF, que podrían obligar a pagos anticipados a acreedores, con impacto directo sobre la compañía, sus accionistas y sus más de 23.000 empleados. Se citó incluso el Formulario 20-F del año 2024 presentado por YPF ante la SEC, en el que se alerta sobre los riesgos legales de un cambio accionario forzoso.
También en el caso Bainbridge, la Argentina insistió en que la transferencia de las acciones tendría que realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido. Además, remarcó que no existe jurisprudencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que habilite ejecutar bienes de un Estado extranjero que no estén físicamente en EE.UU., tal como plantea el fallo en cuestión.
Por otro lado, el documento subrayó que el fondo demandante no sufriría un daño real si se acepta la suspensión de la orden. Incluso, señalaron que esa acreencia podría quedar saldada por otras vías, como el eventual resultado favorable de una moción en trámite que Bainbridge presentó ante la jueza para asegurarse prioridad sobre los excedentes del “Brady Collateral”, un paquete de garantías financieras embargado por otro proceso judicial.
La respuesta al fondo Petersen/Eton Park, presentada en simultáneo, siguió una línea argumental similar, aunque con referencias específicas a los dichos públicos del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que habían sido citados en la presentación de los demandantes como prueba de que Argentina estaría actuando de forma obstruccionista. En ese sentido, el equipo jurídico del Estado aclaró que el gobernador no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.
En cuanto al fondo de la cuestión, la Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo desde el punto de vista jurídico local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de los Estados Unidos. La propia administración estadounidense, a través de presentaciones anteriores en otros casos, manifestó su desacuerdo con la idea de que se puedan ejecutar activos soberanos que no se encuentren en territorio estadounidense, remarcaron los abogados de la Argentina.
En ese contexto, Argentina reiteró que el caso presenta “cuestiones legales de primer impresión”, es decir, que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, y que eso incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores. La presentación enfatizó también que el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.
En paralelo, la defensa argentina se prepara para presentar en los próximos días la apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en caso de que Preska no conceda la suspensión de su fallo. Ese recurso incluiría un nuevo pedido de stay que dejaría sin efecto la orden de turnover mientras el tribunal de apelaciones analiza la validez del fallo.
Mientras tanto, fuentes oficiales remarcaron que la Procuración del Tesoro continuará litigando el caso en defensa de la soberanía y del interés público, y que se trata de un proceso complejo, sin antecedentes, en el que los demandantes no pueden alegar urgencia ni perjuicio directo por demoras en la ejecución de la sentencia.
Fuente: Infobae
